Contemplan la resitución de daños, creación de un banco de datos así como una Comisión de vigilancia
CIUDAD DE MÉXICO (30/ABR/2012).- Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Víctimas, con lo que se establecerán medidas para investigar y resarcir los daños causados a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.En los palcos de invitados, activistas de organizaciones sociales y civiles de derechos humanos, entre ellos el ex ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza; del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, presenciaron la votación, y corearon junto con los diputados "ni un muerto más, ni un muerto más", mientras diputados gritaban "no están solos".
La Ley recibió 369 votos de todos los grupos parlamentarios, por lo que fue enviada al Ejecutivo para su promulgación y con el fin de que entre en vigor cuanto antes, la minuta, proveniente del Senado, fue avalada sin cambios.
En la nueva norma se reconocen el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación integral y las garantías de no repetición.
Por eso se establece un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral denominada Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas -que iniciará con 250 millones de pesos- y que se nutrirá con los bienes decomisados por la ley de Extinción de Dominio, expuso al fundamentar el dictamen el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI).
También obliga a crear un Registro Nacional de Víctimas y la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas como integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Teresa Guadalupe Reyes (PT) pidió a quienes han sufrido las consecuencias del delito o de las políticas del gobierno en el combate al crimen: "perdonen a este Estado por no haber protegido a sus seres amados, llegará el día en que todas las deudas sean saldadas".
Además de medidas de indemnización, la Ley prevé que las víctimas, que podrían ser quienes han padecido secuestro, trata de personas, violencia de los cuerpos policiacos o de las fuerzas armadas, tienen derecho a conocer la verdad "histórica de los hechos".
Las medidas de satisfacción podrían ser desde "la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad", la búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos.
También podría incluir "una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas; la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos y la realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el sufrimiento y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas.
Para no modificar la minuta del Senado se optó por no incluir, como se proponía, medidas como la construcción de monumentos, la celebración de fechas oficiales de luto; el cambio del nombre de calles, parques y otros sitios públicos; así como la inclusión de un relato preciso de las violaciones de derechos cometidas y del contexto en el cual se produjeron en los textos o programas de enseñanza.
Por unanimidad, la Cámara de Diputados aprobó la Ley General de Víctimas, con lo que se establecerán medidas para investigar y resarcir los daños causados a las víctimas del delito y de violaciones a derechos humanos.
En los palcos de invitados, activistas de organizaciones sociales y civiles de derechos humanos, entre ellos el ex ombudsman capitalino, Emilio Álvarez Icaza; del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, que encabeza el poeta Javier Sicilia, presenciaron la votación, y corearon junto con los diputados "ni un muerto más, ni un muerto más", mientras diputados gritaban "no están solos".
La Ley recibió 369 votos de todos los grupos parlamentarios, por lo que fue enviada al Ejecutivo para su promulgación y con el fin de que entre en vigor cuanto antes, la minuta, proveniente del Senado, fue avalada sin cambios.En la nueva norma se reconocen el derecho a la verdad, el derecho a la justicia, el derecho a la reparación integral y las garantías de no repetición.
Por eso se establece un Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral denominada Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas -que iniciará con 250 millones de pesos- y que se nutrirá con los bienes decomisados por la ley de Extinción de Dominio, expuso al fundamentar el dictamen el presidente de la Comisión de Justicia, Humberto Benítez Treviño (PRI).
También obliga a crear un Registro Nacional de Víctimas y la Asesoría Jurídica Federal de Atención a Víctimas como integrantes del Sistema Nacional de Atención a Víctimas.
Teresa Guadalupe Reyes (PT) pidió a quienes han sufrido las consecuencias del delito o de las políticas del gobierno en el combate al crimen: "perdonen a este Estado por no haber protegido a sus seres amados, llegará el día en que todas las deudas sean saldadas".
Además de medidas de indemnización, la Ley prevé que las víctimas, que podrían ser quienes han padecido secuestro, trata de personas, violencia de los cuerpos policiacos o de las fuerzas armadas, tienen derecho a conocer la verdad "histórica de los hechos".
Las medidas de satisfacción podrían ser desde "la verificación de los hechos y la revelación pública y completa de la verdad", la búsqueda de las personas desaparecidas y de los cuerpos u osamentas de las personas asesinadas, así como la ayuda para recuperarlos, identificarlos y volver a inhumarlos.
También podría incluir "una declaración oficial o decisión judicial que restablezca la dignidad, la reputación y los derechos de la víctima y de las personas estrechamente vinculadas a ella; una disculpa pública de parte del Estado, los autores y otras personas involucradas; la aplicación de sanciones judiciales o administrativas a los responsables de las violaciones de derechos humanos y la realización de actos que conmemoren el honor, la dignidad, el sufrimiento y la humanidad de las víctimas, tanto vivas como muertas.
Para no modificar la minuta del Senado se optó por no incluir, como se proponía, medidas como la construcción de monumentos, la celebración de fechas oficiales de luto; el cambio del nombre de calles, parques y otros sitios públicos; así como la inclusión de un relato preciso de las violaciones de derechos cometidas y del contexto en el cual se produjeron en los textos o programas de enseñanza.
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