Con 437 policías, Nuevo León es el Estado del País con más uniformados entre los mil 600 agentes que las fuerzas federales y estatales detuvieron desde el 2007 al pasado 5 de mayo, según un conteo de Grupo REFORMA basado en cifras oficiales.
Es decir, de todos los policías detenidos por presuntos nexos con el crimen, el 27 por ciento es de Nuevo León, que en el ranking nacional es seguido por Tamaulipas, Baja California, Coahuila, San Luis Potosí y Estado de México.
En el Estado, las capturas a manos del Ejército y las Policías Federal y estatal se han realizado principalmente en operativos en las sedes policiacas municipales y al sorprender a los agentes cuando "halconean" para reportar los movimientos de las fuerzas federales a grupos de la delincuencia.
De los 437 elementos, 12 pertenecen a la Policía estatal y 425 pertenecen a 14 corporaciones municipales.
Los municipios con más agentes detenidos son Guadalupe, con 74; Monterrey, con 72, y Apodaca, con 54.
Sin embargo, no todos los policías llegan a ser procesados.
Por ejemplo, de los 23 elementos de Guadalupe capturados el 5 de mayo en la corporación, 12 fueron liberados por falta de pruebas y sólo 11 quedaron bajo arraigo debido a que confesaron estar vinculados con la delincuencia organizada y recibir pagos.
A nivel nacional, el 90 por ciento de los agentes detenidos pertenece a alguna corporación municipal.
Mandos del Ejército aseguraron que la mayor parte de policías municipales y estatales han sido vinculados al crimen por brindar protección mediante la vigilancia de operativos federales.
"Los policías se vuelven 'halcones' y nos vigilan a nosotros", explicó un militar.
"Esto no solamente obstruye nuestra tarea o misiones, sino que pone en riesgo la vida de nuestros soldados".
Además, indicó, hay arraigos para investigar su participación en homicidios, secuestros, levantones, tráfico de droga y armas, y hasta en la coordinación de narcobloqueos, para distintos cárteles u organizaciones criminales.
Testimonios de los policías detenidos refieren que los criminales, armados, se entrevistaban primero con los directores de Policía, comandantes, jefes de turno u oficiales con mando para intimidarlos y, después, cooptarlos, por lo que justifican que su participación con el crimen fue por miedo.
De acuerdo con evidencias halladas en diversos operativos, las narconóminas se clasifican por rango y van de los 500 hasta los 15 mil pesos a la quincena.
Con los policías federales, sus nexos con el crimen han sido detectados principalmente en secuestros, robos y extorsiones.
Un caso de la infiltración en las corporaciones municipales quedó en evidencia tras encontrarse las narcofosas con 183 cadáveres en San Fernando, Tamaulipas.
El 18 de abril, un juez federal concedió un arraigo contra 16 policías de San Fernando por su presunta vinculación con el hallazgo y, ese mismo día, la Procuradora Marisela Morales reveló que, de acuerdo a las investigaciones, los agentes daban protección a los Zetas, que perpetraron la masacre.
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