POR CORRUPCIÓN Y FRAUDE JUECES FEDERALES CANCELAN PUEBLO MÁGICO EN CHIHUAHUA

Entre los inversionistas están Omar Bazán Flores, Jesús Alberto Cano Vélez y Ricardo Orviz Blake, políticos relacionados con Manlio Fabio Beltrones, actual senador priísta y ex gobernador de Sonora.   Además, los empresarios Ricardo Valles Alveláis y Agustín López Daumas; el primero es hermano del director de Turismo estatal, Héctor Valles. Indígenas rarámuri de Mogotavo, Barrancas del Cobre, fueron amparados por jueces federales que consideraron una eventual violación de sus derechos, pues un proyecto turístico que se desarrolla en la región causaría el desalojo de cientos de tarahumares de sus propias tierras, las que habitan desde tiempo inmemorial. Un juez de Distrito y un Tribunal Agrario señalaron que se podrían violar los derechos de los residentes actuales del predio en litigio, unos 215 tarahumaras, por lo que ordenaron dos suspensiones provisionales en tanto el asunto se resuelve de fondo, lo cual podría tomar varios años. Así, el proyecto turístico que se desarrollaría en los terrenos aledaños al Divisadero Barrancas del Cobre estará detenido de manera indefinida, luego de que los pobladores de la comunidad indígena de Mogotavo lograron las citadas suspensiones por parte de instancias federales. La comunidad indígena reclama ser la auténtica propietaria de los terrenos, basados en que la etnia se asentó ahí desde hace cuatro generaciones, lo que –sostienen– les daría el derecho legítimo de posesión. En la Controversia Agraria presentada ante el Tribunal Agrario Distrito 5, bajo el expediente 064/2011, así como en Amparo Directo solicitado ante el Juzgado Décimo de Distrito, la comunidad de Mogotavo solicitó la anulación de los títulos de propiedad de Odile e Ivonne Sandoval, y por consiguiente la venta de los terrenos a los inversionistas, detrás de los cuales se encuentra el senador Manlio Fabio Beltrones aseguran los indígenas. De igual forma, se pide que se reconozca el territorio como un bien comunal, en favor del grupo indígena. En parte los habitantes de Mogotavo basan su petición en un peritaje antropológico elaborado por la Comisión Nacional para el Desarrollo de los Pueblos Indígenas, el cual concluyó que “se encontró que el tiempo mínimo de asentamiento de la población en la región se remonta a cuatro generaciones, es decir, a finales del siglo XIX y principios del XX”. De acuerdo con el gobernador rarámuri de Mogotavo, San Miguel Cruz Moreno, hace 20 años tanto la comunidad como la familia Sandoval pidieron a la Reforma Agraria los títulos de propiedad de la región en conflicto; sin embargo, se falló en contra de los indígenas bajo el argumento de que la zona estaba despoblada, lo cual es falso según lo demuestra el peritaje de la CNDI. El millonario proyecto contempla la edificación de varios hoteles, restaurantes, entre otros negocios. Los litigios se dieron luego de que la empresaria Odile Sandoval Almeida vendiera a un grupo de inversionistas un predio de 155 hectáreas a un costado del Divisadero, amparada con títulos que le concedió la Secretaría de la Reforma Agraria en 1999. Entre los inversionistas están Omar Bazán Flores, Jesús Alberto Cano Vélez y Ricardo Orviz Blake, políticos relacionados con Manlio Fabio Beltrones, actual senador priísta y ex gobernador de Sonora. Además, los empresarios Ricardo Valles Alveláis y Agustín López Daumas; el primero es hermano del director de Turismo estatal, Héctor Valles. Buscan arreglo extrajudicial La comunidad de Mogotavo dio a conocer que su intención no es echar por tierra los proyectos de inversión en la zona, por el contrario están a favor del desarrollo turístico, siempre y cuando no se pretenda desalojarlos de las tierras que han ocupado por siglos, dijo San Miguel Cruz. Por lo anterior se instauró una mesa de trabajo, convocada por los propios rarámuris, en la que participan la CNDI, la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría Agraria, Registro Agrario Nacional, la Secretaría de Economía del Estado, el Fideicomiso Barrancas del Cobre, y representantes de los inversionistas. El objetivo es llegar a un arreglo que beneficie a todas los involucrados, antes de que los tribunales dicten una sentencia definitiva, lo que frenaría de forma permanente el proyecto turístico. Sobre las suspensiones dictadas por el juez de distrito y el Tribunal Agrario, la Dirección de Turismo del Estado informó escuetamente que se trata de “un conflicto entre particulares” y que ello no afectará el desarrollo de la región, ni tiene repercusiones sobre las inversiones que realiza el gobierno en la zona.

Última actualización el Sábado 28 de Mayo de 2011 09:24