Phoenix, EUA.- Jan Brewer, gobernadora de Arizona, promulgó una ley que podría ser la primera legislación en Estados Unidos orientada a prohibir que se practique un aborto por motivo racial o de sexo.
La ley convierte en delito mayor en Arizona el realizar, practicar o financiar un aborto, si es solicitado por la raza o el sexo del feto o la raza de alguno de los padres.
El estatuto promulgado esta semana indica que las mujeres que se vayan a practicar un aborto deberán de firmar una declaración de que no se están sometiendo al procedimiento presionado por motivos de la raza o sexo de su futuro hijo.
Los médicos deberán archivar esas declaraciones y aquel profesionista de la salud que viole la nueva legislación incurrirá en un delito grave con penas de hasta tres años y medio de prisión.
También autoriza al padre del niño por nacer, si es casado con la mujer que tiene el aborto, el demandar al médico por daños y perjuicios.
Legisladores republicanos promovieron la ley preocupados por los efectos de las cada vez más aceptadas técnicas genéticas para escoger el sexo y el color de la piel de los bebés mediante la fecundación in vitro.
Steve Montenegro, representante estatal republicano quien diseñó la legislación, señaló que la medida es necesaria y representa una importante declaración a favor de la vida y en contra de la discriminación.
Sin embargo, organismos como Planned Parenthood, criticaron la promulgación de la ley al señalar que no existen evidencias de que se cometan abortos selectivos en Arizona.
La organización que provee servicios de salud reproductiva y maternal reprochó a la gobernadora Brewer apoyar lo que calificó como una legislación específicamente diseñado por opositores al aborto y destinada a polarizar la opinión pública.
La ley convierte en delito mayor en Arizona el realizar, practicar o financiar un aborto, si es solicitado por la raza o el sexo del feto o la raza de alguno de los padres.
El estatuto promulgado esta semana indica que las mujeres que se vayan a practicar un aborto deberán de firmar una declaración de que no se están sometiendo al procedimiento presionado por motivos de la raza o sexo de su futuro hijo.
Los médicos deberán archivar esas declaraciones y aquel profesionista de la salud que viole la nueva legislación incurrirá en un delito grave con penas de hasta tres años y medio de prisión.
También autoriza al padre del niño por nacer, si es casado con la mujer que tiene el aborto, el demandar al médico por daños y perjuicios.
Legisladores republicanos promovieron la ley preocupados por los efectos de las cada vez más aceptadas técnicas genéticas para escoger el sexo y el color de la piel de los bebés mediante la fecundación in vitro.
Steve Montenegro, representante estatal republicano quien diseñó la legislación, señaló que la medida es necesaria y representa una importante declaración a favor de la vida y en contra de la discriminación.
Sin embargo, organismos como Planned Parenthood, criticaron la promulgación de la ley al señalar que no existen evidencias de que se cometan abortos selectivos en Arizona.
La organización que provee servicios de salud reproductiva y maternal reprochó a la gobernadora Brewer apoyar lo que calificó como una legislación específicamente diseñado por opositores al aborto y destinada a polarizar la opinión pública.
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