 |
| Éxodo en Chihuahua |
A la fecha unos 500 ejidatarios ya realizaron ese trámite para garantizar a sus familias tranquilidad jurídica, señaló Gerónimo Arecco López, jefe de Residencia de la Procuraduría Agraria en Ciudad Juárez.
“Se previene así que se den algunos conflictos por los derechos, en este sentido podremos decir que es un trámite muy sencillo pero de mucho impacto”, dijo. Señaló que la Procuraduría está exhortando a elaborar los testamentos a raíz de lo que sucede no sólo en el Valle de Juárez, sino en las distintas ciudades de la entidad.
“Si por algún motivo fallecieran, no dejarán problemas a sus parientes respecto a sus tierras; del periodo pasado se realizaron más de 500 testamentos, logrando prevenir así que se dieran algunos conflictos por los derechos”, añadió.
De acuerdo con datos de la Subprocuraduría de Justicia de la Zona Norte, el año pasado se registraron 119 homicidios en el Valle de Juárez, mientras que en lo que va de 2010 datos periodísticos indican que se han registrado alrededor de 90 crímenes.
La violencia ocasionó que muchos agricultores y ganaderos del Valle de Juárez emigraran de la zona, además de que abandonaran las unidades de producción.
Como consecuencia, de acuerdo con Sagarpa, en el 2010 se registrará una disminución en la producción de alrededor de un 30 por ciento en comparación con otros años.
El Valle de Juárez quedó fuera de la Operación Coordinada Chihuahua y del programa “Todos somos Juárez”, por lo que carece de la presencia de la Policía Federal (PF).
El gobernador José Reyes Baeza Terrazas anunció el 29 de marzo que los municipios rurales serían incluidos en esta estrategia policiaca, pero José Salinas, vocero de la PF, reveló que el Valle no está considerado en el plan.
En abril y por un periodo de casi tres semanas, los agentes federales permanecieron día y noche en Guadalupe y Praxedis, pero desde hace dos semanas se retiraron y sólo acuden a resguardar la escena del crimen o patrullar de manera ocasional, como parte de las acciones de la Operación Coordinada Chihuahua (OCCh).
Los pobladores de las comunidades rurales, a través de El Diario Digital, se quejaron de que se reanudaron los amagos del crimen organizado que se disputa el control de cientos de kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos.
“En el Valle ya empezaron las amenazas nuevamente, listas empiezan a correr donde le advierten a varios vecinos a dejar el pueblo. ¿Qué espera el Gobierno para reactivar el patrullaje de los federales en el Valle, más masacres, por qué ningún funcionario se atreve a visitar la zona, no entiendo, gracias a su ineptitud ahora somos el Valle de Lágrimas”, opinó el lector identificado con el alias “doroteoarango”.
Estadísticas de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) confirman que las agresiones atribuidas a la delincuencia organizada van en aumento.
El mes pasado y gracias a la sobrevigilancia policiaca, se redujo el índice de criminalidad a dos casos de homicidios doloso y ambos crímenes fueron registrados a finales de abril, uno en el poblado de Caseta y otro en Colonia Esperanza, cuando las fuerzas federales empezaban a retirarse.
Para mayo, cuando los agentes federales abandonaron las comunidades rurales, la cifra se disparó. Ocho personas han sido privadas de la vida en la vía pública y en la mayoría de los casos los sicarios emplearon armas largas o calibre 9 milímetros.
Dos de los asesinatos ocurrieron en Praxedis G. Guerrero y tres más en Guadalupe, se informó.
En los otros tres casos las víctimas fueron trasladadas heridas a Ciudad Juárez para que recibieran atención médica, sin embargo fallecieron en el quirófano.
A esto se suma una vivienda quemada en una de las comunidades rurales el lunes anterior, dio a conocer personal de la PGJE.
Versiones de los vecinos de El Porvenir indican que durante la madrugada del jueves fueron quemadas cuatro viviendas de manera intencional y sus moradores resultaron ilesos. Ni autoridades locales ni ministeriales contaban con denuncias de hechos.
Histórico abandono
En octubre de 2008, los alcaldes de los municipios del norte del estado expusieron ante el entonces secretario de Seguridad Pública, Javier Torres Cardona, que su principal problema era la falta de personal y de equipo, y que los pocos elementos carecían de preparación para enfrentar a la delincuencia organizada.
“Estamos viviendo la peor crisis de seguridad que nunca antes se había visto, los agentes nos están renunciando, estamos teniendo muchos problemas para la vigilancia”, denunció públicamente Rafael Lorenzo Camarillo Rentería, alcalde de Ascensión y cuyo jefe policiaco recibió una hielera con varias cabezas humanas en su interior.
Desesperados, los ediles coincidían en señalar que cientos de kilómetros de frontera entre México y Estados Unidos dentro del territorio chihuahuense eran –y son– vigilados por agentes que difícilmente cursaron la secundaria, la mayoría son improvisados y pocos han recibido la instrucción suficiente para ejercer el cargo como policías preventivos.
En esa ocasión se reunieron los alcaldes y jefes policiacos de Ascensión, Janos, Villa Ahumada, Praxedis G. Guerrero, Guadalupe, Ojinaga y Juárez, en la Sesión Regional de Municipios Fronterizos del Consejo Estatal de Seguridad Pública, para evaluar los avances del Acuerdo Nacional para la Seguridad, la Justicia y la Legalidad.
Para el presidente de Praxedis G. Guerrero, Manuel Fernández Herrera, la labor de sus policías consistía únicamente en atender los asuntos del fuero común y básicamente en la prevención del delito con la presencia a lo largo y ancho del municipio.
Actualmente la Dirección de Seguridad Pública Municipal de Praxedis G. Guerrero cuenta con seis oficiales y una patrulla. Carecen de director, coordinador operativo, o al menos jefe de grupo.
La situación en Guadalupe no es diferente. El alcalde Jesús Manuel Lara Rodríguez expuso que contaba con 25 elementos y 7 patrullas; hoy son 3 oficiales, uno de ellos del sexo femenino y todos tripulan una unidad. El resto han sido baleadas, en su mayoría.
Transcurridos dos años y más de 120 homicidios dolosos, la situación en materia de seguridad pública no podía ser más caótica para las autoridades locales de ambos municipios.
Promesas incumplidas
Tras la ejecución de cinco personas, entre ellas una mujer, el incendio intencional de la iglesia en El Porvenir y la aparición de amenazas públicas de quemar casas y matar sus habitantes el día 4 de abril, el gobernador José Reyes Baeza Terrazas dijo el pasado 29 de marzo que los municipios de Guadalupe y Praxedis serían incluidos en la estrategia de seguridad que se aplica en Ciudad Juárez.
El compromiso de la vigilancia era de la Operación Coordinada Chihuahua. El vocero Enrique Torres Valadez enfatizó que la PF trabajaba en tierra y desde el aire y que era Vidal Díaz Ochoa, coordinador de la Policía Federal en la plaza, quien personalmente realizaba los operativos en la zona.
Pero la sobrevigilancia sólo se mantuvo unos días. La falta de comodidades para los agentes federales propició la salida de los agentes de esos municipios, denunciaron las propias autoridades locales.
Agentes municipales de Guadalupe y Praxedis explicaron que los federales pernoctaban a disgusto en los gimnasios municipales de los dos pueblos, comían en los pocos negocios de alimentos abiertos, pero eran los sanitarios el mayor problema.
“Se retiraron hace unos días”, dijo el alcalde Manuel Fernández Herrera, entrevistado con motivo de la desaparición de tres empleados municipales y cuyo paradero aún se ignora.
El vocero de la PF no sabe con precisión qué motivó el retiro de los federales del Valle de Juárez, y aseguró que los elementos no expresaron ninguna queja en cuanto a las condiciones en que se encontraban durante los días asignados a la zona rural.
Narco repliega policías
Las acciones preventivas que realizan los pocos policías municipales que se mantienen en su puestos se limita a la atención de quejas de vecinos en la comandancia o al aseguramiento de la escena del crimen. Ya no patrullan.
“No salimos a patrullar, somos muy pocos y no podemos salir solos”, dijo un oficial de la Policía de Guadalupe, Distrito Bravos.
La delincuencia organizada replegó a los agentes e incluso, provocó que cada municipio atendiera “sus propios asuntos”.
El entrevistado explicó que anteriormente los elementos de las dos corporaciones se apoyaban mutuamente, pero las amenazas y agresiones contra ellos provocó que los elementos se negaran ayuda y únicamente avisan a las autoridades investigadoras cuando confirman un hecho violento.
Perseguir a los agresores, simplemente está prohibido en estas comunidades, confiesan los agentes.
“No lo hacen los soldados, mucho menos nosotros, cómo”, cuestionó el oficial que al mismo tiempo dio por terminada la entrevista.
Fuente: resistencia
0 comments so far,add yours