Personal de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León lo detuvo ayer; se le acusa de malversar $52 millones; el PRD se deslinda 

MONTERREY, 25 de mayo.- Personal de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León detuvo ayer a Narciso Agúndez Montaño, quien fue gobernador de Baja California Sur bajo las siglas del Partido de la Revolución Democrática (PRD) de 2005 a 2011, por el presunto delito de peculado.
Agúndez, quien estaba hospedado en un hotel de la capital neoleonesa, fue aprehendido a petición de la Procuraduría de Justicia de Baja California Sur, al vencer todos los amparos que tramitó para evitar su arresto.
El actual gobierno panista denunció penalmente al ex mandatario estatal por el presunto desvío de 52 millones de pesos para su beneficio.
En un comunicado, el PRD se deslindó de Agúndez, quien se separó de ese partido al dejar la gubernatura.
Detienen a Narciso Agúndez
Personal de la Agencia Estatal de Investigación de Nuevo León detuvo al ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, acusado de peculado por 52 millones de pesos, confirmó el procurado estatal, Adrián Emilio de la Garza Santos.
Agúndez Montaño fue gobernador de Baja California Sur, entre 2005 y 2011.
Entrevistado cerca de la medianoche, el funcionario del gobierno de Nuevo León detalló que recibieron apenas ayer por la mañana el aviso de colaboración de la Procuraduría de Baja California Sur para la detención del ex mandatario perredista, luego de conocerse que se encontraba hospedado en un hotel de la ciudad.
De la Garza Santos precisó que el ex gobernador no se resistió a la aprehensión y dio detalles sobre la petición de colaboración para la captura.
“Ya fue trasladado a la ciudad de La Paz, además no hubo ningún incidente, nada más se le informó sobre la orden que estaba girada en su contra.”
En tanto, el reporte oficial del Centro de Coordinación integral, Control, Comando, Comunicaciones y Cómputo “C5”, de Nuevo León, precisó que a las 20:50 horas en el centro de Monterrey,  cerca del hotel Crown Plaza se llevó la detención.
En ese hotel se desarrolla la 27 Conferencia Nacional de Procuradores de Justicia, donde acudieron 25 representantes de las entidades federativas del país. Por otra parte, el gobierno de Baja California Sur dio a conocer que se montaron operativos especiales para detener al ex Ejecutivo estatal, luego de que  vencieran todos los amparos que había interpuesto para evitar su detención.
Delitos graves
El procurador de Justicia de Baja California Sur, Gamill Arreola, reveló que los delitos de los que se le acusa son considerados graves.
El pasado 24 de junio de 2011, ante el Juzgado Primero de Distrito, el ya ex gobernador Narciso Agúndez Montaño solicitó un amparo, luego de que fue denunciado penalmente por el supuesto desvío de 52 millones de pesos en su beneficio, por la administración panista entrante.
El equipo de abogados del ex gobernador informó que se determinó buscar la protección del la justicia federal, “debido a la desconfianza en la imparcialidad y objetividad de quienes están al frente de la Procuraduría General de Justicia del Estado”.
Por su presunta responsabilidad en los delitos de abuso de autoridad, colusión de servidores públicos, peculado, falsedad de funcionarios públicos y coparticipación en conductas de funcionarios públicos, el gobierno del estado, que encabeza el panista Marcos Covarrubias Villaseñor, presentó una denuncia penal de hechos en contra del ex gobernador Agúndez Montaño.
Gamill Arreola Leal recordó que la denuncia penal en contra de Narciso Agúndez Montaño, integrada en la averiguación previa LPZ/079/SPB/2011, la interpuso el director del Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra del gobierno estatal, José Refugio Carrillo Sánchez.
En la denuncia, Gamill Arreola indicó que “el ex gobernador Narciso Agúndez agravió al erario por el orden de 52 millones de pesos, en la compra–venta de siete bienes inmuebles, patrimonio del gobierno del estado”.
Por su parte, el secretario general de Gobierno, Armando Martínez Vega, rechazó que tenga tintes políticos la denuncia penal que interpuso la dirección de Patrimonio Inmobiliario y Regularización de la Tenencia de la Tierra en contra de Agúndez Montaño y el ex secretario de Planeación Urbana, Infraestructura y Ecología, Guillermo Jáuregui Moreno.
Explicó Armando Martínez que se trata por un lado de la venta de terrenos propiedad del estado no siguiendo los procesos licitatorios que lo obligaban y además vendiéndolo a un precio por debajo de su valor comercial.
Insistió el funcionario estatal, que la denuncia “fue el producto de la revisión que se hizo en cada área de la administración, no es una cacería de brujas”.
Se deslinda el PRD
El dirigente nacional del Partido de la Revolución Democrática (PRD), Jesús Zambrano, deslindó a su partido de cualquier relación con Narciso Agúndez Montaño.
En un comunicado, dijo que “el PRD no tiene nada que ver con Narciso Agúndez, se deslinda de su actuación; las cartas se deben poner en la mesa para evitar suspicacias, ya que Agúndez no tiene relación con el PRD desde hace más de una año, cuando  dejó el PRD y se pasó al Partido Verde”.
Otro caso
 El ex gobernador de Baja California Sur, Narciso Agúndez Montaño, fue señalado de inaugurar un aeródromo de un ex convicto.
 El 9 de marzo de 2011 Excélsior publicó que el 26 de febrero de 2011, Narciso Agúndez Montaño, entonces gobernador de Baja California Sur, asistió a la inauguración del aeródromo privado Las Arenas, propiedad del estadunidense Joseph Angelo Bravo, quien fue encarcelado por narcotráfico en 1994 por 87 meses y al pago de 25 mil dólares.
Al acto acudió la titular de Turismo, Gloria Guevara, quien se deslindó de cualquier responsabilidad, al afirmar que fue invitada por el gobierno de Agúndez Montaño y no sabía quién acudirían y menos sus antecedentes.
El 11 de junio de 2010, Agúndez firmó un decreto de expropiación de los terrenos de Punta Arena de la Ventana, en La Paz, aun y cuando el artículo 22 de la ley de aeropuertos dice que “no podrán ser titulares de permisos las personas que hayan sido condenadas por delitos dolosos”.
El 10 de marzo de 2011, Excélsior  publicó que la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) había entregado “la concesión para la operación del aeropuerto de Las Arenas al gobierno de Baja California Sur”.
Sin embargo, el entonces  secretario general de Gobierno del estado, Alfredo Porras, afirmó que la operación del aeródromo la tenían el Ejército y la SCT a través del aeropuerto Manuel Márquez de León, de La Paz.
Un día después, la SCT reveló que el permiso fu otorgado por la dependencia al gobierno de BCS y consta en el documento 4.1.202.107, del 26 de enero.

 

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