México, 18 ene (EFE).- Los tres jueces que enfrentarán un juicio político por dejar en libertad en el estado mexicano de Chihuahua al presunto homicida de la hija de la activista también asesinada Marisela Escobedo, anunciaron hoy que acudirán a tribunales internacionales para defenderse y que pedirán asilo político en Estados Unidos.
Los magistrados Nezahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Boudib, actualmente suspendidos, pedirán a los tribunales internacionales que revisen su caso pues ahora dicen ser "perseguidos políticos" a quienes se pretende enviar a la cárcel "por cumplir con la ley".
En una rueda de prensa celebrada en Ciudad de México los tres jueces aseguraron que su polémica decisión de dejar libre a Sergio Rafael Barraza, presunto homicida de la joven Rubí, obedeció a que durante el juicio oral "no existieron pruebas suficientes" para culparlo.
"En caso de insuficiencia de pruebas para condenar, debe absolverse, lo cual quiere decir que no se demostró la culpabilidad, con independencia de si el imputado es o no inocente. No somos abogados de las partes", aseveró la jueza Catalina Ochoa
Explicó que la Fiscalía "en ningún momento aportó pruebas científicas o de otro tipo" que pudieran mostrar la culpabilidad de Barraza y aclaró que el hecho de que se les pretenda castigar obedece a presiones políticas.
"Nuestra sentencia no mató a nadie, ni a Rubí ni a la señora Marisela Escobedo (...) la decisión de absolución que se tomó contra el acusado fue porque no se tuvieron las pruebas y porque no hubo confesión del acusado", argumentó el magistrado Nezahualcóyotl Zúñiga.
Los tres jueces coincidieron en que la crisis de inseguridad y la ola de violencia en Chihuahua, uno de los estados más violentos del país, "ahora pretende ser ocultada mediante una maniobra mediática y política porque vulnera la independencia y autonomía del Poder Judicial".
Las autoridades "envían el claro mensaje de que en el estado de Chihuahua los jueces deben acatar las instrucciones del Poder Ejecutivo, lo cual constituye un grave atentado a la democracia y al Estado de derecho", sentenció Zúñiga.
El abogado de los jueces, Macondio Murillo, recordó que la fiscalía no incorporó confesión alguna del acusado, por lo que aplicaron la ley y no cometieron ninguna irregularidad.
"Los señores jueces están ponderando la idea de pedir un asilo político ya que en Chihuahua han sentido una franca persecución, pero también, acudiremos a tribunales internacionales para poner de relieve que en Chihuahua no se respeta la división de poderes y que tampoco se respeta la independencia judicial, lo que es muy grave", expuso Murillo.
Cuestionados sobre si el presunto homicida confesó su culpabilidad, los jueces insistieron en que no lo hizo ni indicó dónde estaban los restos de Rubí, que fueron localizados tras cinco rastreos de la policía.
Barraza fue detenido el 16 de junio de 2009 y liberado el 30 de abril de 2010 en un polémico juicio en el que la madre de la víctima increpó a los jueces y pidió justicia, prometiendo que no pararía hasta verlo en prisión.
La joven de 16 años fue asesinada en 2008 y su madre, Marisela Escobedo, murió tras recibir un balazo a quemarropa por un desconocido mientras se manifestaba contra la impunidad del caso el pasado 16 de diciembre en Chihuahua, la capital del estado.
Antes de morir la activista había encabezado diversas marchas y protestas en Ciudad Juárez y en Chihuahua para exigir justicia al entonces gobernador del estado, José Reyes Baeza.
Por su parte el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Chihuahua, Javier Ramírez, designó a principios de este mes a los sustitutos de los tres jueces suspendidos.
Los magistrados Nezahualcóyotl Zúñiga, Catalina Ochoa y Rafael Boudib, actualmente suspendidos, pedirán a los tribunales internacionales que revisen su caso pues ahora dicen ser "perseguidos políticos" a quienes se pretende enviar a la cárcel "por cumplir con la ley".En una rueda de prensa celebrada en Ciudad de México los tres jueces aseguraron que su polémica decisión de dejar libre a Sergio Rafael Barraza, presunto homicida de la joven Rubí, obedeció a que durante el juicio oral "no existieron pruebas suficientes" para culparlo.
"En caso de insuficiencia de pruebas para condenar, debe absolverse, lo cual quiere decir que no se demostró la culpabilidad, con independencia de si el imputado es o no inocente. No somos abogados de las partes", aseveró la jueza Catalina Ochoa
Explicó que la Fiscalía "en ningún momento aportó pruebas científicas o de otro tipo" que pudieran mostrar la culpabilidad de Barraza y aclaró que el hecho de que se les pretenda castigar obedece a presiones políticas.
"Nuestra sentencia no mató a nadie, ni a Rubí ni a la señora Marisela Escobedo (...) la decisión de absolución que se tomó contra el acusado fue porque no se tuvieron las pruebas y porque no hubo confesión del acusado", argumentó el magistrado Nezahualcóyotl Zúñiga.
Los tres jueces coincidieron en que la crisis de inseguridad y la ola de violencia en Chihuahua, uno de los estados más violentos del país, "ahora pretende ser ocultada mediante una maniobra mediática y política porque vulnera la independencia y autonomía del Poder Judicial".
Las autoridades "envían el claro mensaje de que en el estado de Chihuahua los jueces deben acatar las instrucciones del Poder Ejecutivo, lo cual constituye un grave atentado a la democracia y al Estado de derecho", sentenció Zúñiga.
El abogado de los jueces, Macondio Murillo, recordó que la fiscalía no incorporó confesión alguna del acusado, por lo que aplicaron la ley y no cometieron ninguna irregularidad.
"Los señores jueces están ponderando la idea de pedir un asilo político ya que en Chihuahua han sentido una franca persecución, pero también, acudiremos a tribunales internacionales para poner de relieve que en Chihuahua no se respeta la división de poderes y que tampoco se respeta la independencia judicial, lo que es muy grave", expuso Murillo.
Cuestionados sobre si el presunto homicida confesó su culpabilidad, los jueces insistieron en que no lo hizo ni indicó dónde estaban los restos de Rubí, que fueron localizados tras cinco rastreos de la policía.
Barraza fue detenido el 16 de junio de 2009 y liberado el 30 de abril de 2010 en un polémico juicio en el que la madre de la víctima increpó a los jueces y pidió justicia, prometiendo que no pararía hasta verlo en prisión.
La joven de 16 años fue asesinada en 2008 y su madre, Marisela Escobedo, murió tras recibir un balazo a quemarropa por un desconocido mientras se manifestaba contra la impunidad del caso el pasado 16 de diciembre en Chihuahua, la capital del estado.
Antes de morir la activista había encabezado diversas marchas y protestas en Ciudad Juárez y en Chihuahua para exigir justicia al entonces gobernador del estado, José Reyes Baeza.
Por su parte el presidente del Supremo Tribunal de Justicia en Chihuahua, Javier Ramírez, designó a principios de este mes a los sustitutos de los tres jueces suspendidos.
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