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Los fotógrafos, de diversas agrupaciones, denunciaron el trato prepotente con el que se ha conducido la administración de Javier Garfio y acusaron que esa situación les afecta económicamente.
“Trabajar no es un delito”, expresaron varios de ellos, entrevistados ayer mientras rondaban la Catedral Metropolitana, vestidos de civiles para no ser detectados por los funcionarios del Ayuntamiento.
La mayoría de ellos sustenta una gran parte de sus ingresos con las fotografías que toman a turistas o a los paseantes en la Plaza de Armas, pero recientemente se les acercó personal de la Presidencia para exigirles retirarse de ese sector.
“Están quitando el sustento económico de familias que así han vivido por 90 años”, manifestó uno de los afectados, quien solicitó reservar sus generales por temor a represalias.
Aseguró que las administraciones priistas anteriores y las dos panistas de la década pasada les permitieron desempeñar ese oficio sin problema alguno.
“Ahora vienen a generar el problema, que muestra un retroceso y todavía se nos amenaza con ir a la cárcel si seguimos aquí”, agregó.
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