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De acuerdo a una publicación a nivel nacional, el activista afirma que militares han participado en desapariciones forzadas como lo fue de tres jóvenes en el ejido Benito Juárez, municipio de Buenaventura, el pasado 29 de diciembre de 2009, de quienes no se ha tenido respuesta.
“Hay pruebas de que fueron elementos del Ejército Mexicano quienes privaron ilegalmente de su libertad a los Alvarado: la camioneta en que viajaban Nitza Paola y José Ángel al ser detenidos fue incautada por el Ejército y puesta a disposición de la Agencia Estatal de Investigaciones en Nuevo Casas Grandes, según consta en autos”, señala Quintana Silveyra.
En la publicación, el perredista señala que familias han tenido que dejar sus residencias en el Estado debido al acoso del cual son objeto por parte de las fuerzas militares en apoyo de las autoridades y el caso omiso a las denuncias, “Las autoridades han ocultado información”, indica.
Es deseable la Corte Interamericana no se deje presionar por el gobierno de Calderón y emita una resolución paradigmática que lo obligue a responder por la desaparición forzada, destacando que en Chihuahua ha habido más de 200 casos de desapariciones forzadas desde que se inició esta guerra contra el narcotráfico
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