LOS ÁNGELES, California.- Diez mil muertos en Juárez y más de sesenta mil en México, no le dicen nada al gobierno de Estados Unidos. Pero casos individuales de violaciones de derechos humanos que se han vuelto emblemáticos por su impunidad, pueden tener más impacto para trasmitir lo que realmente sucede. Así lo expresa Carlos Spector, abogado mexicano con nacionalidad estadounidense, quien ha logrado el éxito de cinco casos de asilo político de defensores de derechos humanos como Cipriana Jurado, Saúl Reyes Salazar, Mónica Arias Hernández (nuera de la asesinada Marisela Escobedo) y una quinta persona que pidió se guardara su identidad.
Todos ellos han sido amenazados de muerte o su vida ha estado en riesgo por denunciar violaciones cometidas por las autoridades o el ejército mexicano en Ciudad Juárez y en Guadalupe, Valle de Juárez.
Saúl Reyes Salazar, activista de DDHH y Carlos Spector , abogado asilo político Foto: LAPress
Entrevistado en el marco del foro “Mexicanos en el exilio y la primera enmienda” organizado por California State University, Northridge, Carlos Spector explica la gravedad de la situación política que viven los activistas e incluso sus familiares en Juárez y su Valle, “porque por una parte, son perseguidos por el gobierno y sus policías, y por otra, “no hay en quién confiar”, muchos de los organismos de derechos humanos son presionados a depender económicamente del gobierno, o tienen miedo y se vuelven flexibles con las fuerzas policíacas.
Los casos a los que hace alusión el abogado como “emblemáticos” por el grado de impunidad y la participación del gobierno y el ejército son el de la familia Reyes Salazar y el de la familia de Marisela Escobedo. Los primeros han padecido seis asesinatos en el que se responsabiliza directamente al ejército. Y en el caso de la familia Escobedo, asesinada madre e hija, funcionarios públicos y jueces han participado directamente en la obstaculización de la justicia.
“Las autoridades mexicanas te dicen: ¿quieres ayuda? ¡Vete con los gringos!”
“La política estadounidense, la estructura y proceso político tan severo para desanimar a los mexicanos a que vengan a este país”, son los obstáculos que se tienen que enfrentar, dice el abogado Carlos Spector, quien ganó su primer caso de asilo político en 1991.
Para las autoridades mexicanas es muy fácil relacionar la mayoría de los casos con el narcotráfico, señala el abogado, y no investigan. Incluso han dicho que la mayoría de los crímenes están relacionados con la droga. Se pregunta “¿cómo saben, si no investigan?”.
En el caso de Saúl Reyes Salazar, de familia de activistas por los derechos humanos en el Valle de Juárez, explica que el ex embajador Carlos Pascual lo etiquetó como un caso relacionado con el narcotráfico. Y cuando la familia lo buscó para pedir su intervención en el caso, dice que “doña Sara Salazar llegó con dos papelitos, seis asesinatos y ninguna investigación”. En el caso de Saúl se tuvo que hacer visible la violencia particular que estaba padeciendo su familia.
Otro caso dramático es el de ex policías honestos, que no se quisieron involucrar en la corrupción o en los crímenes y tuvieron que salir huyendo con sus familias. Si se quedaban iban a ser agredidos, y si denunciaban también, dice Spector. Pero “te corren de tu trabajo, te quitan tu casa, te quitan tu carro, te amenazan a ti y a tu familia, ¿y todavía quieren que te quedes callado?”, cuestiona el letrado.
Explica que los mexicanos tienen que denunciar y demandar una vez que están dentro de los Estados Unidos, por seguridad, y la denuncia se convierte en una expresión política para que se dé el asilo político, incluso si la persona entra legalmente, dura menos tiempo y es más fácil resolver el caso. Termina la entrevista con una frase que se queda retumbando en el aula: “Que aparezca el cuerpo de tu ser querido es una victoria”, en alusión a las desaparecidas de Juárez que por años las han sufrido sus familiares.
“Los desplazados de Guadalupe”
La violencia de Ciudad Juárez no es la violencia del Valle de Juárez, precisa Saúl Reyes Salazar, miembro de la familia activista de derechos humanos, en entrevista para Los Ángeles Press. En Guadalupe, Valle de Juárez, denuncia que se está dando un exterminio desde 2008, con la llegada del ejército enviado por el presidente Felipe Calderón, bajo el pretexto de la guerra contra el narcotráfico.
Y por cada uno de sus muertos, a Saúl, le tiembla la voz al contar que fueron asesinados a unos cuantos metros de los puestos militares. Julio César estaba a menos de 300 metros. Josefina a diez minutos. Rubén, Elías, Magdalena y Luisa, a unos 500 metros. Todos activistas de derechos humanos, todos asesinados. Sus tres últimos muertos, que fueron secuestrados el 7 de febrero de 2011, dice que los mataron al día siguiente, pero los cuerpos los tiraron 26 días después cerca de una gasolinera. Sin dudar en nada, señala al ejército como responsable de los asesinatos de su familia.
Otra fuente confidencial afirma que esos tres cuerpos tenían tierra suelta entre las prendas; como si los hubieran enterrados y los volvieron a sacar, y que ese tipo de tierra sólo se da en una zona desértica específica del Valle de Juárez, pero no hubo mayor investigación al respecto.
Recuerda Saúl que antes en Guadalupe, había seis policías. Ahora hay 80 militares, dice. Y desde que llegaron, hay cateos en las casas y se llevan lo que quieren. Las saquean. La cada de su madre, Sara Salazar, señala que fue cateada unas diez veces.
Poblado El Mimbre, 27 de diciembre 2011 Foto: Norte Digital
Los secuestros se incrementaron y los pleitos también, “porque van y les dejan cuerpos tirados frente a los cuarteles”. Hace un recuento vertiginoso Reyes Salazar y señala que además de la población reducida dramáticamente, por amenazados y desplazados, hay unas cien casas que fueron quemadas. Ahí tan sólo en Guadalupe, según sus datos, se han perpetrado unos 200 asesinatos y han desaparecido a más de 50 personas.
Saúl Reyes Salazar se pregunta “¿Quién hace eso?”, y responde: “llegan vestidos de negro, botas militares, encapuchados, con armas largas. Y les dicen a la gente que tienen 40 minutos para salirse de sus casas y del pueblo. Algunos no se han ido todavía y ya les están quemando la casa”.
Lo que cuenta Saúl ha sido también denunciado en otros medios y en las redes sociales el pasado 27 de diciembre de 2011, con el poblado El Mimbre. Fueron atacados los habitantes por un comando para expulsarlos de sus casas y luego las quemaron. El visitador de derechos humanos de Chihuahua, Gustavo de la Rosa, intervino oficialmente para negar esa información diciendo que era una “falsa alarma”. Y el silencio volvió a tender su manto de impunidad.
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