Xalapa. Veracruz.- Beatriz Hernández Rivera, juez Tercera de Primera Instancia, dictó auto de formal prisión en contra de María de Jesús Bravo Pagola y Gilberto Martínez Vera, por los presuntos delitos de 'terrorismo equiparable y sabotaje'.
La juez con sede en el penal de Pacho Viejo ubicado en el municipio de Coatepec, encontró elementos suficientes para dictar este auto y darle la razón al Ministerio Público e iniciar formalmente el proceso en contra de los acusados.
Lo anterior luego de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) iniciara una investigación para ubicar a las personas que haciendo uso de las redes sociales, generaran rumores de presuntos ataques en contra de planteles escolares en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río el pasado 25 de agosto.
Ese mismo día el Procurador Reynaldo Escobar Pérez anunció la captura de dos personas que estaban siendo sujetos de interrogatorio dentro de la causa penal 340/2011, por el presunto delito de terrorismo tipificado en el artículo 311 del Código Penal del estado de Veracruz.
De acuerdo con las sanciones previstas en la legislación penal veracruzana, lo acusados podrían alcanzar penas privativas de la libertad de tres a 30 años, la suspensión de derechos políticos hasta por cinco años y una multa de hasta 750 salarios mínimos.
Al respecto el Secretario General de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, aseguró que esta medida no tiene la intención de juzgar a personas que hagan uso de las redes sociales ni coartar la libertad de expresión, sino de sancionar a los responsables de actos delictivos que alteraron la paz social.
'Alarmaron a la sociedad sembrando terrorismo, haciendo que la gente en la zona conurbada cayera en la histeria colectiva derivado de expresiones como: “desde los helicópteros dispararon en contra de los niños en las escuelas”, “están levantando niños”, “un grupo armado se llevó cinco niños”', recordó.
Por su parte, el despacho Ordoñez, Ordoñez Y Téllez Asociados, quien lleva la representación jurídica de los acusados, aseguró que en los siguientes días recurrirá al Poder Judicial de la Federación para promover un juicio de Amparo Indirecto, al asegurar que se detectaron actuaciones anómalas por parte de las autoridades judiciales estatales.
La juez con sede en el penal de Pacho Viejo ubicado en el municipio de Coatepec, encontró elementos suficientes para dictar este auto y darle la razón al Ministerio Público e iniciar formalmente el proceso en contra de los acusados.
Lo anterior luego de la Procuraduría General de Justicia del Estado (PGJE) iniciara una investigación para ubicar a las personas que haciendo uso de las redes sociales, generaran rumores de presuntos ataques en contra de planteles escolares en la zona conurbada Veracruz-Boca del Río el pasado 25 de agosto.
Ese mismo día el Procurador Reynaldo Escobar Pérez anunció la captura de dos personas que estaban siendo sujetos de interrogatorio dentro de la causa penal 340/2011, por el presunto delito de terrorismo tipificado en el artículo 311 del Código Penal del estado de Veracruz.
De acuerdo con las sanciones previstas en la legislación penal veracruzana, lo acusados podrían alcanzar penas privativas de la libertad de tres a 30 años, la suspensión de derechos políticos hasta por cinco años y una multa de hasta 750 salarios mínimos.
Al respecto el Secretario General de Gobierno, Gerardo Buganza Salmerón, aseguró que esta medida no tiene la intención de juzgar a personas que hagan uso de las redes sociales ni coartar la libertad de expresión, sino de sancionar a los responsables de actos delictivos que alteraron la paz social.
'Alarmaron a la sociedad sembrando terrorismo, haciendo que la gente en la zona conurbada cayera en la histeria colectiva derivado de expresiones como: “desde los helicópteros dispararon en contra de los niños en las escuelas”, “están levantando niños”, “un grupo armado se llevó cinco niños”', recordó.
Por su parte, el despacho Ordoñez, Ordoñez Y Téllez Asociados, quien lleva la representación jurídica de los acusados, aseguró que en los siguientes días recurrirá al Poder Judicial de la Federación para promover un juicio de Amparo Indirecto, al asegurar que se detectaron actuaciones anómalas por parte de las autoridades judiciales estatales.
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