CAMPECHE, Camp. (apro).- La procuradora general de la República, Marisela Morales Ibáñez, anunció que los integrantes de la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia solicitarán al Congreso de la Unión mayores recursos en el presupuesto 2013 para el combate al narcomenudeo.
Al dar a conocer las conclusiones del XII Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia, la funcionaria dijo que con la nueva Legislatura “se vislumbra una posibilidad de explorar nuevos mecanismos de respetuosa colaboración con el Poder Legislativo, a fin de impulsar los proyectos construidos de común acuerdo por los representantes de las instancias de impartición y procuración de justicia”.
Añadió que en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los estados mexicanos acordaron impulsar un acercamiento con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con las comisiones legislativas competentes del Congreso de la Unión.
Lo anterior, dijo, “para presentar una previsión de los recursos presupuestales que requieren las instancias de procuración y administración de justicia estatales y federales en el corto y mediano plazo para fortalecer su infraestructura, equipamiento y capacitación en diversos rubros, tales como el narcomenudeo, entre otros”.
Además, convinieron procurar un mayor aprovechamiento de las experiencias alcanzadas en la formación sobre juicios orales, derivado de la alianza estratégica de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia del Oeste de Estados Unidos y de la implementación del Proyecto Diamante aplicado por la Procuraduría General de la República con el apoyo del Departamento de Justicia estadunidense.
Para ello, “convenimos integrar una comisión especial para desarrollar mecanismos tendientes a compartir los apoyos recibidos en materia de capacitación y extender sus beneficios al personal de las instituciones locales de procuración e impartición de justicia del país”.
Respecto al proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales de corte adversarial, los tribunales, procuradurías y fiscalías del país “acordamos hacer un llamado a la sexagésima segunda legislatura del Congreso de la Unión para su pronta aprobación”, señaló.
Asimismo, con el objeto de establecer lineamientos para el debido proceso que puedan ser homologados en todo el país, dijo Morales, acordaron analizar la propuesta de la Procuraduría General de Justicia de Campeche y de la propia PGR consistente en formular un proyecto de reforma constitucional para que el Congreso expida un Código Procesal Penal único, tanto para el fuero federal como para el común.
El objetivo, agregó la procuradora, es fortalecer la aplicación y los resultados de la figura de extinción de dominio que permite afectar y disminuir los recursos económicos de la delincuencia”.
Además, se acordó actualizar las 14 leyes locales en la materia, los criterios judiciales y las propuestas de modificación contenidas en la minuta que reforma la Ley Federal de Extinción de Dominio, pendiente de aprobación en el Senado.
También, promover en las 18 entidades federativas que aún no cuentan con ley de extinción de dominio las correspondientes iniciativas para su aprobación en las legislaturas locales y armonizar los protocolos de actuación ministerial para la aplicación de la figura de extinción de dominio.
Respecto a la aplicación e interpretación de la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, la Conferencia asumió el compromiso de compartir con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de estados, el modelo de capacitación unificado en la materia, que actualmente se desarrolla dirigido al personal sustantivo de ambas instancias para que una vez consensuado se proceda a su implementación.
“Dicha capacitación también contemplará los temas de derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos en materia de trata de personas, jurisprudencia tanto de tribunales nacionales como de internacionales, los alcances, implicaciones y contexto en que se desarrolla la trata de personas”, agregó.
Al dar a conocer las conclusiones del XII Encuentro Nacional de Presidentes de Tribunales Superiores de Justicia y Procuradores Generales de Justicia, la funcionaria dijo que con la nueva Legislatura “se vislumbra una posibilidad de explorar nuevos mecanismos de respetuosa colaboración con el Poder Legislativo, a fin de impulsar los proyectos construidos de común acuerdo por los representantes de las instancias de impartición y procuración de justicia”.
Añadió que en la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los estados mexicanos acordaron impulsar un acercamiento con la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, así como con las comisiones legislativas competentes del Congreso de la Unión.
Lo anterior, dijo, “para presentar una previsión de los recursos presupuestales que requieren las instancias de procuración y administración de justicia estatales y federales en el corto y mediano plazo para fortalecer su infraestructura, equipamiento y capacitación en diversos rubros, tales como el narcomenudeo, entre otros”.
Además, convinieron procurar un mayor aprovechamiento de las experiencias alcanzadas en la formación sobre juicios orales, derivado de la alianza estratégica de la Conferencia de Procuradores Generales de Justicia del Oeste de Estados Unidos y de la implementación del Proyecto Diamante aplicado por la Procuraduría General de la República con el apoyo del Departamento de Justicia estadunidense.
Para ello, “convenimos integrar una comisión especial para desarrollar mecanismos tendientes a compartir los apoyos recibidos en materia de capacitación y extender sus beneficios al personal de las instituciones locales de procuración e impartición de justicia del país”.
Respecto al proyecto de Código Federal de Procedimientos Penales de corte adversarial, los tribunales, procuradurías y fiscalías del país “acordamos hacer un llamado a la sexagésima segunda legislatura del Congreso de la Unión para su pronta aprobación”, señaló.
Asimismo, con el objeto de establecer lineamientos para el debido proceso que puedan ser homologados en todo el país, dijo Morales, acordaron analizar la propuesta de la Procuraduría General de Justicia de Campeche y de la propia PGR consistente en formular un proyecto de reforma constitucional para que el Congreso expida un Código Procesal Penal único, tanto para el fuero federal como para el común.
El objetivo, agregó la procuradora, es fortalecer la aplicación y los resultados de la figura de extinción de dominio que permite afectar y disminuir los recursos económicos de la delincuencia”.
Además, se acordó actualizar las 14 leyes locales en la materia, los criterios judiciales y las propuestas de modificación contenidas en la minuta que reforma la Ley Federal de Extinción de Dominio, pendiente de aprobación en el Senado.
También, promover en las 18 entidades federativas que aún no cuentan con ley de extinción de dominio las correspondientes iniciativas para su aprobación en las legislaturas locales y armonizar los protocolos de actuación ministerial para la aplicación de la figura de extinción de dominio.
Respecto a la aplicación e interpretación de la Ley Federal para Prevenir, Sancionar y Erradicar los delitos en materia de Trata de Personas y para la Protección y Asistencia a las Víctimas de estos delitos, la Conferencia asumió el compromiso de compartir con la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de estados, el modelo de capacitación unificado en la materia, que actualmente se desarrolla dirigido al personal sustantivo de ambas instancias para que una vez consensuado se proceda a su implementación.“Dicha capacitación también contemplará los temas de derechos humanos, derecho internacional de los derechos humanos en materia de trata de personas, jurisprudencia tanto de tribunales nacionales como de internacionales, los alcances, implicaciones y contexto en que se desarrolla la trata de personas”, agregó.
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