MEXICO, D.F. (apro).- Luego de que el gobernador de Chihuahua, César Duarte, declaró que con el asesinato del homicida Sergio Rafael Barraza se cierran los casos por asesinato de Rubí Frayre y de su madre Marisela Escobedo, la abogada Lucha Castro señaló que la tarea del gobierno es evitar que se repitan los casos de denegación de justicia para las mujeres.
“Lo cierto es que en un estado democrático y con vocación de respeto a los derechos humanos ya se estaría investigando a quienes propiciaron la impunidad y obstaculizaron el acceso a la justicia para Rubí y (su madre) Marisela Escobedo”, dijo a Apro la directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) que acompañó en la exigencia de justicia a la señora Escobedo, que pedía castigo para el asesino de su hija, hasta que fue asesinada.
En una entrevista telefónica, que abundó por escrito, Castro señaló que aunque el gobierno cierre jurídicamente el caso, no lo podrá hacer a nivel internacional ya que el centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Justicia para Nuestras Hijas expusieron en la revisión que se hizo a México sobre el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw).
Rubí Frayre Escobedo fue asesinada en Ciudad Juárez en agosto de 2008, cuando tenía 16 años, a manos de Barraza, quien era su pareja. Aunque fue arrestado en junio de 2009, pero quedó libre porque la Fiscalía no aportó los elementos suficientes que lo inculparan, pese a que él mismo confesó el crimen y pidió perdón a la madre de su víctima. Tras la liberación de Barraza, Marisela Escobedo, la madre de Rubí, emprendió una lucha para exigir justicia, por lo cual fue asesinada en diciembre de 2010 a las puertas del Palacio de Gobierno.
El pasado viernes 16, durante un enfrentamiento en Zacatecas, el Ejército mató a Sergio Barraza, quien al fugarse de Chihuahua se había integró a Los Zetas. Ante la noticia, el gobernador de Chihuahua anunció que con esa muerte y la captura del presunto sicario José Enrique Jiménez quedaban resueltos los homicidios de las mujeres.
En respuesta, la directora de Cedhem señaló que es simplista y “conveniente” al gobierno dar por cerrado el caso, y señaló que desde una óptica de derechos humanos el gobierno todavía tiene una tarea pendiente.
Señaló que no debe archivarse porque el asesinato de Rubí es un feminicidio de una menor de edad, ocurrido en ciudad Juárez, en 2008, cuando el Estado mexicano ya había sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte Interamericana (CoIDH) , y además existía un informe de fondo que derivó en la llamada Sentencia del Campo Algodonero por los feminicidios.
“En ambos casos (Rubí y Marisela) los operadores del sistema de justicia incumplieron con la obligación de actuar con la debida diligencia. A Marisela en tres ocasiones no le aceptaron la denuncia por desaparición de su hija ni se activó el protocolo Alba de búsqueda, ni la buscaron a ella ni a su asesino. Quien siempre busco y encontró fue Marisela, lo que le costó la vida”, señaló.
Castro señaló que esos casos deben mantenerse vivos para analizar el acceso a la justicia para las mujeres. Ya que, abundó, si en este caso emblemático a partir del activismo de Marisela fue imposible lograrlo entonces es posible imaginar qué sucede con el resto de las mujeres en el país con menos posibilidades de hacerse escuchar.
“Para que el estado de derecho fracasara en el acceso a la justicia hubo responsables. ¿Quiénes?: las y los operadores del sistema. Recordemos que Marisela y el Cedehm logramos una sentencia de 50 años al asesino que nunca se ejecutó porque no hubo voluntad política”, dijo, y para sustentarlo recordó que Escobedo siempre señaló que Barraza estaba en Zacatecas, lo cual resultó cierto.
También señaló: “El estado de derecho no funcionó ni para Rubí ni para Marisela, sus feminicidios muestran que al acceso a las mujeres continúa siendo una asignatura pendiente (…) La mirada de los derechos humanos impone una lógica distinta en este trágico final en donde volvemos a insistir. El crimen de Marisela es un crimen de estado”.
“Lo cierto es que en un estado democrático y con vocación de respeto a los derechos humanos ya se estaría investigando a quienes propiciaron la impunidad y obstaculizaron el acceso a la justicia para Rubí y (su madre) Marisela Escobedo”, dijo a Apro la directora del Centro de Derechos Humanos de las Mujeres (Cedehm) que acompañó en la exigencia de justicia a la señora Escobedo, que pedía castigo para el asesino de su hija, hasta que fue asesinada.
En una entrevista telefónica, que abundó por escrito, Castro señaló que aunque el gobierno cierre jurídicamente el caso, no lo podrá hacer a nivel internacional ya que el centro de Derechos Humanos de las Mujeres y Justicia para Nuestras Hijas expusieron en la revisión que se hizo a México sobre el cumplimiento de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer (Cedaw).
Rubí Frayre Escobedo fue asesinada en Ciudad Juárez en agosto de 2008, cuando tenía 16 años, a manos de Barraza, quien era su pareja. Aunque fue arrestado en junio de 2009, pero quedó libre porque la Fiscalía no aportó los elementos suficientes que lo inculparan, pese a que él mismo confesó el crimen y pidió perdón a la madre de su víctima. Tras la liberación de Barraza, Marisela Escobedo, la madre de Rubí, emprendió una lucha para exigir justicia, por lo cual fue asesinada en diciembre de 2010 a las puertas del Palacio de Gobierno.
El pasado viernes 16, durante un enfrentamiento en Zacatecas, el Ejército mató a Sergio Barraza, quien al fugarse de Chihuahua se había integró a Los Zetas. Ante la noticia, el gobernador de Chihuahua anunció que con esa muerte y la captura del presunto sicario José Enrique Jiménez quedaban resueltos los homicidios de las mujeres.
En respuesta, la directora de Cedhem señaló que es simplista y “conveniente” al gobierno dar por cerrado el caso, y señaló que desde una óptica de derechos humanos el gobierno todavía tiene una tarea pendiente.
Señaló que no debe archivarse porque el asesinato de Rubí es un feminicidio de una menor de edad, ocurrido en ciudad Juárez, en 2008, cuando el Estado mexicano ya había sido denunciado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ante la Corte Interamericana (CoIDH) , y además existía un informe de fondo que derivó en la llamada Sentencia del Campo Algodonero por los feminicidios.
“En ambos casos (Rubí y Marisela) los operadores del sistema de justicia incumplieron con la obligación de actuar con la debida diligencia. A Marisela en tres ocasiones no le aceptaron la denuncia por desaparición de su hija ni se activó el protocolo Alba de búsqueda, ni la buscaron a ella ni a su asesino. Quien siempre busco y encontró fue Marisela, lo que le costó la vida”, señaló.
Castro señaló que esos casos deben mantenerse vivos para analizar el acceso a la justicia para las mujeres. Ya que, abundó, si en este caso emblemático a partir del activismo de Marisela fue imposible lograrlo entonces es posible imaginar qué sucede con el resto de las mujeres en el país con menos posibilidades de hacerse escuchar.
“Para que el estado de derecho fracasara en el acceso a la justicia hubo responsables. ¿Quiénes?: las y los operadores del sistema. Recordemos que Marisela y el Cedehm logramos una sentencia de 50 años al asesino que nunca se ejecutó porque no hubo voluntad política”, dijo, y para sustentarlo recordó que Escobedo siempre señaló que Barraza estaba en Zacatecas, lo cual resultó cierto.
También señaló: “El estado de derecho no funcionó ni para Rubí ni para Marisela, sus feminicidios muestran que al acceso a las mujeres continúa siendo una asignatura pendiente (…) La mirada de los derechos humanos impone una lógica distinta en este trágico final en donde volvemos a insistir. El crimen de Marisela es un crimen de estado”.
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