La función básica del Estado es garantizar el ejercicio de los derechos constitucionales. Lejos de cumplir con ese deber fundamental, la actitud del Gobierno ante los bloqueos sufridos recientemente en las plantas impresoras de los diarios del Grupo Clarín y La Nación lesiona bienes básicos como la libertad para expresar ideas y la circulación de la información.La Sociedad interamericana de Prensa (SIP), en la reunión de medio año que acaba de finalizar en San Diego, California, calificó de preocupante la inacción de las autoridades, que no actuaron pese a la existencia de fallos judiciales. Además, expresó que los referidos bloqueos “constituyen un agravio constitucional y un delito que afecta derechos fundamentales de un sistema democrático”. Este pronunciamiento revisa otros hechos de gravedad, que también integran el dispositivo montado para perturbar la actividad de los medios de comunicación independientes del poder estatal. Así, la SIP repudió las amenazas, intimidaciones y campañas de desprestigio y difamación que padecen periodistas y medios, algo sin antecedentes desde el retorno democrático. También se analizó la asignación de frecuencias de radio y TV por cable en “forma arbitraria y con criterios políticos”, y se denunció que la publicidad oficial sigue distribuyéndose sin criterios razonables ni control, y para premiar o castigar a los medios.
Este documento muestra cómo los ataques a la prensa y la libertad de expresión se han transformado en una política sistemática, apañada e impulsada por el Gobierno, lesionando un pilar de la democracia.
La SIP emitió un documento que señala la responsabilidad del Gobierno ante las diversas modalidades de ataque a la prensa, el periodismo y los medios de comunicación independientes.
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