La Secretaría de la Defensa Nacional informó ayer de la localización de cuatro fosas clandestinas más en el municipio de San Fernando, Tamaulipas, con lo que suman ya 88 los cuerpos de presuntas víctimas del crimen organizado localizados en la última semana.
El macabro descubrimiento se suma al realizado, hace apenas 8 meses, en el mismo lugar y que llevó a la localización de más de 70 cadáveres que, posteriormente se supo, correspondían a migrantes provenientes de diferentes países de América Central.
Con ello, suman ya más de 150 los cadáveres localizados en el referido municipio tamaulipeco, lo cual convierte a dicho lugar en un foco rojo para el país en más de un sentido.
En primer lugar está, desde luego, el gravísimo problema de los derechos humanos. Lo ocurrido en aquella región habla claramente de una ausencia absoluta de todas las autoridades responsables del tema y, en particular, de los organismos públicos responsables de garantizar el respeto a los derechos de los individuos.
Ningún gobierno que se precie de ser democrático puede ir por el mundo caminando con tales estadísticas sobre la espalda. Resulta simple y sencillamente inadmisible que en un lugar donde se aspira a que impere la ley, se registren masacres como las reseñadas.
En segundo lugar está el problema de la impunidad. Como se sabe hoy, un número importante de las víctimas localizadas en las fosas clandestinas de San Fernando fueron secuestradas cuando viajaban a bordo de unidades de transporte público.
Lo secuestradores, quienes pretenden obligar a los migrantes a incorporarse a las filas de sus organizaciones delictivas, optaron en algún momento por utiliza como “método de persuasión” el asesinato de quienes se resistieran.
El problema es que, como dejan muy claro las cifras, los delincuentes han actuado con absoluta impunidad pues, pese a conocerse el fenómeno, ninguna autoridad ha puesto alto a sus correrías.
Finalmente está el de la falta de efectividad de las autoridades de todos los niveles para actuar frente a un fenómeno que ya no solamente agravia a la sociedad mexicana, sino a la de otras naciones.
Porque con todo y las detenciones realizadas en torno al caso, detenciones que sin duda son importantes, el problema no se encuentra resuelto y el peligro sigue latente para quienes habitan la región y transitan por allí.
Se trata de uno más de los ejemplos que hoy llevan a la sociedad mexicana a señalar que estamos al límite de la tolerancia y que, por eso mismo, exigimos que se actúe ya, en forma definitiva, para detener el baño de sangre en que se ha convertido esta guerra contra la delincuencia.
El macabro descubrimiento se suma al realizado, hace apenas 8 meses, en el mismo lugar y que llevó a la localización de más de 70 cadáveres que, posteriormente se supo, correspondían a migrantes provenientes de diferentes países de América Central.
Con ello, suman ya más de 150 los cadáveres localizados en el referido municipio tamaulipeco, lo cual convierte a dicho lugar en un foco rojo para el país en más de un sentido.
En primer lugar está, desde luego, el gravísimo problema de los derechos humanos. Lo ocurrido en aquella región habla claramente de una ausencia absoluta de todas las autoridades responsables del tema y, en particular, de los organismos públicos responsables de garantizar el respeto a los derechos de los individuos.
Ningún gobierno que se precie de ser democrático puede ir por el mundo caminando con tales estadísticas sobre la espalda. Resulta simple y sencillamente inadmisible que en un lugar donde se aspira a que impere la ley, se registren masacres como las reseñadas.
En segundo lugar está el problema de la impunidad. Como se sabe hoy, un número importante de las víctimas localizadas en las fosas clandestinas de San Fernando fueron secuestradas cuando viajaban a bordo de unidades de transporte público.
Lo secuestradores, quienes pretenden obligar a los migrantes a incorporarse a las filas de sus organizaciones delictivas, optaron en algún momento por utiliza como “método de persuasión” el asesinato de quienes se resistieran.
El problema es que, como dejan muy claro las cifras, los delincuentes han actuado con absoluta impunidad pues, pese a conocerse el fenómeno, ninguna autoridad ha puesto alto a sus correrías.
Finalmente está el de la falta de efectividad de las autoridades de todos los niveles para actuar frente a un fenómeno que ya no solamente agravia a la sociedad mexicana, sino a la de otras naciones.
Porque con todo y las detenciones realizadas en torno al caso, detenciones que sin duda son importantes, el problema no se encuentra resuelto y el peligro sigue latente para quienes habitan la región y transitan por allí.
Se trata de uno más de los ejemplos que hoy llevan a la sociedad mexicana a señalar que estamos al límite de la tolerancia y que, por eso mismo, exigimos que se actúe ya, en forma definitiva, para detener el baño de sangre en que se ha convertido esta guerra contra la delincuencia.
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