Los cuerpos se encontraron en distintas zonas del ejido La Joya, justo donde se hallaron los primeros 59 cadáveres el 6 de abril.
Aparte, el gobierno de Tamaulipas admitió que el gobierno federal desarmó a la policía municipal de San Fernando y trasladó a 16 de sus miembros a las instalaciones de la Procuraduría General de la República para investigarlos en calidad de indiciados.
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