La acusación que fiscales federales de Estados Unidos interpusieron el pasado 22 de mayo en contra del ex gobernador priísta de Tamaulipas, Tomas Yarrington, en la que afirman que éste recibió millones de dólares en sobornos de los grupos del crimen organizado y los invirtió en bienes raíces en Texas, señala de manera inevitable el inicio de una nueva etapa de la lucha contra el narcotráfico, quizá la más importante y largamente esperada: el combate a la corrupción política.
Esta etapa no la inició Mario Villanueva, pues aunque siga en la cárcel y sea también un ex gobernador del PRI, su juicio y el proceso de extradición que lo llevó a Estados Unidos en junio de 2010, no condujo a una red mayor de complicidades políticas, ni tampoco se demostró el financiamiento con esos recursos ilícitos de su campaña electoral o la de otros candidatos de su partido. Acusado de brindarle protección al Cártel de Amado Carrillo desde que era secretario de gobierno - en la administración de Pedro Joaquín Coldwell, actual líder nacional del PRI -, Villanueva es icono de la narco-política, pero no detonó el desmantelamiento.
Tomás Yarrington es otra cosa: siendo uno de los hijos predilectos del PRI, del que apenas en enero pasado salieron en su defensa los máximos jerarcas de ese partido, y gustaba presumir de su amistad con Enrique Peña Nieto, es investigado formalmente por el gobierno estadounidense por sus presuntos nexos con el narcotráfico y por lavado de dinero, y lo que resulta más delicado, se le vincula con Osiel Cárdenas, ex líder del cártel del Golfo, extraditado a Estados Unidos, con base en las evidencias que los departamentos de Justicia y del Tesoro entregaron a fiscales federales para acusarlo de ser su socio.
Yarrington no es un personaje menor en la política: estuvo como uno de los precandidatos del PRI a la Presidencia de la República cuando formó parte del Tucom (Todos Unidos contra Roberzo Madrazo) en 2005. En este sentido un ex integrante del Cártel del Golfo declaró en Estados Unidos que Osiel financió en 2005 a Yarrington en ese proyecto, para disputarle la candidatura al tabasqueño. Según el testimonio, Osiel habría ordenado a sus socios, Eduardo Costilla “El Coss” y Heriberto Lazcano “El Lazca”, enviaran varios millones de dólares para la precampaña, apostándole así que de llegar a la Presidencia, Cárdenas Guillén sería auxiliado para escapar de prisión.
Aunque aún no hay cargo penal iniciado, ya se ordenó la confiscación de propiedades contra el ex mandatario. Las propiedades que las autoridades de EU intentan decomisar son un condominio en la Isla South Padre y una propiedad de 18.6 hectáreas en San Antonio. De acuerdo a los documentos interpuestos, Yarrington utilizó a varios testaferros y negocios para “convertirse en un gran inversionista en bienes raíces mediante varios mecanismos de lavado de dinero”.
La investigación contra Tomás Yarrington toma como uno de sus elementos el testimonio de un testigo protegido quien señala a Peña Argüelles como el conducto entre políticos mexicanos, en particular Yarrington y los jefes de Los Zetas, Miguel Treviño Morales y Heriberto Lazcano.
El departamento de Justicia presentó la solicitud de confiscación, luego de acusar a Fernando Alejandro Cano Martínez, empresario originario de Ciudad Victoria, de conspirar para establecer ocho empresas en Texas, para lavar el producto de sobornos pagados por el cártel del Golfo a altos funcionarios y candidatos, para garantizar protección a la organización en Tamaulipas desde 1998.
Se presume que, de acuerdo al expediente criminal B-12-435 de la Corte del Distrito Sur de Texas, esta red de corrupción se lavaron activos por alrededor de 20 millones de dólares, a través de al menos 14 cuentas bancarias abiertas en México y Estados Unidos.
En el expediente se detalla que los sobornos “fueron pagados directamente a funcionarios corruptos de alto nivel y candidatos oficiales, así como a sus respectivos aliados, entre ellos autoridades policiacas y personas del sector justicia en el estado de Tamaulipas”.
La DEA cuenta con evidencia que liga las operaciones del empresario Fernando Alejandro Cano, con Yarrington y otros implicados.
Las acusaciones contra Yarrington tienen sus primeros antecedentes en noviembre de 2011, cuando el cadáver de Alfonso Peña Argüelles, un ex colaborador del ex gobernador de Tamaulipas fue encontrado en una vía pública en la ciudad fronteriza de Nuevo Laredo, Tamaulipas. Junto al cadáver se encontró un mensaje firmado por Los Zetas, quienes acusaban al hermano de Peña Arguelles de haber lavado dinero para Yarrington.
El asunto fue cobrando una mayor dimensión que el pasado 30 de enero la PGR tuvo que confirmar que existía una investigación en curso contra tres ex gobernadores priistas de Tamaulipas (Manuel Cavazos Lerma, Tomás Yarrington y Eugenio Hernández Flores), por supuestos vínculos con el crimen organizado, delitos contra la salud, enriquecimiento ilícito y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Al día siguiente, luego de que se diera a conocer la información de la averiguación previa contra los tres ex gobernadores de Tamaulipas, mediante comunicado el PRI calificó como “uso faccioso de la justicia” la difamación y “la filtración mal intencionada de posibles investigaciones”, recuerda que estas estrategias son ilegales y “corresponden a prácticas de un gobierno autoritario”. De hecho el PRI interpuso el 3 de febrero una denuncia contra quien resultara responsable de haber filtrado esta información, la cual debió haberse mantenido como reservada.
En este recurso se argumentaban violaciones a la protección de datos personales, a la presunción de inocencia y a la administración de justicia. Las únicas personas que pueden tener acceso a la investigación federal son las que están involucradas en ella, aseguró Raúl Cervantes, secretario jurídico del CEN del PRI.
A principios de año, la dirigencia del PRI y su candidato, Enrique Peña Nieto, acusaron que existía un manejo faccioso de la ley con el fin de desprestigiar políticamente al partido. En un evento público en Ciudad Victoria Peña Nieto mostró su apoyo, particularmente, a Manuel Cavazos Lerma; expresó “No dejaremos que amenazas a partir de actos o de prácticas autoritarias pongan en riesgo la democracia de nuestro país”.
Pero toda vez que las investigaciones se enderezaron desde Estados Unidos, rápidamente se deslindaron. Mediante boletín aclararon: “el PRI reitera ante la opinión pública su posición en el sentido que el señor Yarrington debe afrontar su responsabilidad individual ante la justicia del país que lo acusa”. El Presidente del CEN del PRI solicitó a la Comisión Nacional de Justicia Partidaria que sesione a la brevedad a efecto de proceder de conformidad con estatutos del partido, a la suspensión de la militancia de Yarrington.
Sin embargo, más allá del deslinde, que acontecen cada tercer día en las últimas semanas dentro de la campaña presidencial, es indiscutible que este asunto vuelve a colocar al PRI como el gran señalado en el fenómeno de la narco-política. No sólo las declaraciones de encumbrados miembros de ese partido así lo han hecho ver, sino las estadísticas donde se concentran los mayores problemas del fenómeno delincuencial.
Según cifras del gobierno federal, los estados donde se han registrado más hechos violentos en lo que va del gobierno de Felipe Calderón, del 2006 a 2012, son Tamaulipas, Nuevo León, Chihuahua, Coahuila, Zacatecas, Durango, Veracruz y San Luis Potosí, todos gobernados por el PRI. En febrero pasado, Estados Unidos emitió una alerta de viaje a sus ciudadanos para que evitaran viajar a los estados de Zacatecas, San Luis Potosí, Nayarit, Michoacán y Nuevo León, todos bajo gobiernos priistas.
Monterrey, capital de Nuevo León, y los municipios de la zona metropolitana Apodaca y Guadalupe, registraron la mitad de los 1,113 fallecimientos vinculados con la rivalidad delincuencial en la entidad entre 2010 y 2011, según la Procuraduría General de la República (PGR).
De acuerdo al Reporte de la asociación México Evalúa los estados cuya incidencia delictiva está por encima de la media nacional son: Durango, Chihuahua, Morelos, Baja California, Sinaloa, Tabasco, Tamaulipas, Guerrero, Aguascalientes, Michoacán, San Luis Potosí, Nuevo León, D.F y Quintana Roo. Y prácticamente en estos mismos estados son donde se concentran Los Zetas, que lidera Heriberto Lazcano, El Lazca.
Estos hechos y el caso de Tomás Yarrington nos recuerda una de las declaraciones más estrujantes que ha conocido la opinión pública en voz de otro distinguido personaje: el ex gobernador de Nuevo León, Sócrates Rizzo. En conferencia ante estudiantes de la Facultad de Jurisprudencia de la Universidad Autónoma de Coahuila, el ex mandatario priista aseguró que durante los regímenes priistas, el presidente tenía un fuerte control sobre las rutas del narcotráfico que impedía el ataque a la población civil y la violencia que hoy vive México.
Tal cual, dijo: "De alguna manera se tenía resuelto el problema del tránsito (de la droga), pero había un control y había un Estado fuerte y un presidente fuerte y una procuraduría fuerte y había un control férreo del Ejército. De alguna manera les decían: 'Tú pasas por aquí, tú por aquí, tú por aquí', pero no me toques aquí estos lugares", expresó en su ponencia. Sócrates Rizzo, aseguró que el control terminó con las administraciones panistas de Vicente Fox y Felipe Calderón, quienes no supieron escuchar consejos sobre cómo se hacían las cosas en años anteriores, lo que desató la violencia".
Sostengo que ni más ni menos, eso podría suceder de regresar el PRI a la Presidencia de la República. Y la verdad es que para muestra, ya son muchos botones.
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