MÉXICO, D.F., (proceso.com.mx).- El Alto Comisionado de Derechos Humanos de Naciones Unidas le solicitó desde Ginebra al Estado mexicano evitar por ahora la destrucción de las boletas de la elección presidencial de 2006.
El Relator especial sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales del Comité de Derechos Humanos de la ONU informó este miércoles de su petición a México para “suspender la destrucción de las boletas electorales de la elección del 2 de julio de 2006”, en tanto el organismo internacional examina la demanda presentada por el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda.
La medida cautelar deja sin efecto, por el momento, el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) que había establecido el próximo 12 de noviembre como fecha para iniciar de la destrucción de toda evidencia de la elección cuyo triunfo fue adjudicado a Calderón.
En una comunicación firmada por el director de la División de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos informó que la medida precautoria podrá ser reexaminada a solicitud de México y en función de la respuesta que de a la demanda del director del semanario.
El pasado jueves 25 de octubre, Rodríguez Castañeda presentó la denuncia ante el Comité de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por considerar que la decisión del IFE de destruir todo registro de la elección presidencial de 2006 viola sus derechos humanos protegidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por México.
El director de este semanario se queja de la falta de recursos legales en México para que los ciudadanos accedan a la información electoral, así como de la violación del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, referido al derecho universal de buscar, recibir y difundir informaciones.
Se trata de la segunda medida de su tipo solicitada a México por un organismo internacional. En 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió evitar la destrucción de las boletas hasta que en noviembre de 2011 consideró improcedente la demanda que el propio Rodríguez Castañeda había presentado ante esa instancia interamericana.
El Relator especial sobre nuevas comunicaciones y medidas provisionales del Comité de Derechos Humanos de la ONU informó este miércoles de su petición a México para “suspender la destrucción de las boletas electorales de la elección del 2 de julio de 2006”, en tanto el organismo internacional examina la demanda presentada por el director de la revista Proceso, Rafael Rodríguez Castañeda.
La medida cautelar deja sin efecto, por el momento, el acuerdo del Consejo General del Instituto Federal Electoral (IFE) que había establecido el próximo 12 de noviembre como fecha para iniciar de la destrucción de toda evidencia de la elección cuyo triunfo fue adjudicado a Calderón.
En una comunicación firmada por el director de la División de Tratados de Derechos Humanos, Ibrahim Salama, el Alto Comisionado de la ONU para Derechos Humanos informó que la medida precautoria podrá ser reexaminada a solicitud de México y en función de la respuesta que de a la demanda del director del semanario.
El pasado jueves 25 de octubre, Rodríguez Castañeda presentó la denuncia ante el Comité de Derechos Humanos en contra del Estado mexicano por considerar que la decisión del IFE de destruir todo registro de la elección presidencial de 2006 viola sus derechos humanos protegidos en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, adoptado por México.El director de este semanario se queja de la falta de recursos legales en México para que los ciudadanos accedan a la información electoral, así como de la violación del artículo 19 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de la ONU, referido al derecho universal de buscar, recibir y difundir informaciones.
Se trata de la segunda medida de su tipo solicitada a México por un organismo internacional. En 2008, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió evitar la destrucción de las boletas hasta que en noviembre de 2011 consideró improcedente la demanda que el propio Rodríguez Castañeda había presentado ante esa instancia interamericana.
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