Una juez de Garantía turnó al Tribunal de Juicio Oral, el caso de siete secuestradores que fueron aprehendidos en Delicias el año pasado, por el plagio de dos personas, uno de ellos ganadero.
Martín Sáenz Martínez, Jorge Daniel García Griego, Alberto Guadalupe Reyes García, David Reyes García, Daniel Ricardo Jáquez Barrón, César Alejandro Ares Jiménez y Homero Gallegos Sifuentes, se encuentran en prisión preventiva desde hace uno año y sólo dos imputados más, quedaron en libertad porque las víctimas no los reconocieron. Todos los imputados tienen abogado defensor privado, menos uno, cuyo caso lo lleva el defensor público de oficio.
El Ministerio Público desahogó las pruebas que inculpan a los imputados, quienes pertenecen a una banda organizada de secuestradores, denominada “La familia Sáenz de la Cruz”, y su modo de operar era a través de vehículos, los cuales utilizaban para trasladar a las víctimas a casas rentadas, las golpeaban, ataban y les vendaban los ojos.
Durante días, ambas víctimas permanecieron en casas de renta en diferentes lapsos, por lo que el Ministerio Público desahogó pruebas de testigos que rentaban las casas, vecinos, conocidos de los imputados, testimonios de las víctimas, facturas de arrendamiento, celulares de los acusados, a través de los cuales contactaban a otras personas de otros estados.
Hoy se realizó la audiencia intermedia, en donde uno de los imputados se desistió de promover el procedimiento abreviado. Por vía Internet, Daniel Ricardo Jáquez Barrón había solicitado recibir su sentencia en la audiencia de hoy, ya que un procedimiento abreviado requiere que el imputado se declare culpable para recibir sentencia más rápido y sea una condena menor. Sin embargo, la defensa ratificó el desistimiento.
El Ministerio Público presentó el caso de dos víctimas, quienes quedaron con medidas de protección de resguardo de personalidad, por lo que durante la audiencia se refirieron a ellas como víctima 1 y víctima 2.
Los imputados pertenecen a una organización que realizaban secuestros de manera reiterada y se dedicaban a ello para cobrar grandes cantidades de rescate, de acuerdo con la parte acusadora.
Entre los integrantes de la banda, se repartían los roles para lograr su propósito. El caso de la primera víctima sucedió el 26 de abril de 2009, cuando secuestraron a la víctima 1 en un rancho ganadero, era un hombre que estaba en compañía de su esposa y lo sometieron a la fuerza. Lo llevaron en un vehículo para secuestrarlo y lo mantuvieron atado y cubierto del rostro. Los plagiarios cobraron el rescate y lo liberaron el 30 abril 2009.
La segunda víctima fue secuestrada el 3 de julio de 2009 a las 21:30 horas, cuando la interceptaron en su pick up, una mujer de nombre Karina Chaparro viajaba con la víctima y la entretuvo mientras los secuestradores llevaron por la fuerza a otro departamento rentado, en Delicias.
También a la víctima 2 la ataron y le cubrieron el rostro, pero esta víctima escapó el 6 de julio, por su propio pie.
Cuatro de los imputados, con conocimiento, auxiliaron a los autores con el desplazamiento y borrando evidencias de los vehículos para facilitar la huída.
El Ministerio Público pidió que se les sentencie como secuestro agravado en perjuicio de las dos víctimas, presentó alrededor de 50 testimonios y otros medios de prueba desde físicos como estudios criminológicos de los imputados.
Lo defensores solicitaron que se les acepten pruebas para demostrar que sus defendidos se encontraban en otro lugar cuando se cometieron los secuestros. Solicitaron la presencia de testigos, dieron nombres, domicilio y profesión para que las autoridades judiciales puedan contactarlos y llevarlos a declarar.
Asimismo, por lo menos en dos casos, argumentan que los imputados se encontraban los días 23 y 24 de abril, en clases en la Universidad Regional del Norte campus Juárez, en clase, por lo que es imposible que sean corresponsables en los secuestros.
Además, piden que se considere que los imputados son primodelincuentes, es decir, no tienen antecedentes penales. Consideran que no son responsables de los delitos que se les imputan.
También pidieron que se presenten como prueba ante el Tribunal de Juicio Oral, documentales públicos, que brindan hechos e informaciónque pueden demostrar la inocencia de sus clientes.
A partir de hoy, el caso queda en manos de los legisladores de juicio oral, para que ellos fijen fecha y emitan su sentencia.
OMNIA
Martín Sáenz Martínez, Jorge Daniel García Griego, Alberto Guadalupe Reyes García, David Reyes García, Daniel Ricardo Jáquez Barrón, César Alejandro Ares Jiménez y Homero Gallegos Sifuentes, se encuentran en prisión preventiva desde hace uno año y sólo dos imputados más, quedaron en libertad porque las víctimas no los reconocieron. Todos los imputados tienen abogado defensor privado, menos uno, cuyo caso lo lleva el defensor público de oficio.
El Ministerio Público desahogó las pruebas que inculpan a los imputados, quienes pertenecen a una banda organizada de secuestradores, denominada “La familia Sáenz de la Cruz”, y su modo de operar era a través de vehículos, los cuales utilizaban para trasladar a las víctimas a casas rentadas, las golpeaban, ataban y les vendaban los ojos.
Durante días, ambas víctimas permanecieron en casas de renta en diferentes lapsos, por lo que el Ministerio Público desahogó pruebas de testigos que rentaban las casas, vecinos, conocidos de los imputados, testimonios de las víctimas, facturas de arrendamiento, celulares de los acusados, a través de los cuales contactaban a otras personas de otros estados.
Hoy se realizó la audiencia intermedia, en donde uno de los imputados se desistió de promover el procedimiento abreviado. Por vía Internet, Daniel Ricardo Jáquez Barrón había solicitado recibir su sentencia en la audiencia de hoy, ya que un procedimiento abreviado requiere que el imputado se declare culpable para recibir sentencia más rápido y sea una condena menor. Sin embargo, la defensa ratificó el desistimiento.
El Ministerio Público presentó el caso de dos víctimas, quienes quedaron con medidas de protección de resguardo de personalidad, por lo que durante la audiencia se refirieron a ellas como víctima 1 y víctima 2.
Los imputados pertenecen a una organización que realizaban secuestros de manera reiterada y se dedicaban a ello para cobrar grandes cantidades de rescate, de acuerdo con la parte acusadora.
Entre los integrantes de la banda, se repartían los roles para lograr su propósito. El caso de la primera víctima sucedió el 26 de abril de 2009, cuando secuestraron a la víctima 1 en un rancho ganadero, era un hombre que estaba en compañía de su esposa y lo sometieron a la fuerza. Lo llevaron en un vehículo para secuestrarlo y lo mantuvieron atado y cubierto del rostro. Los plagiarios cobraron el rescate y lo liberaron el 30 abril 2009.
La segunda víctima fue secuestrada el 3 de julio de 2009 a las 21:30 horas, cuando la interceptaron en su pick up, una mujer de nombre Karina Chaparro viajaba con la víctima y la entretuvo mientras los secuestradores llevaron por la fuerza a otro departamento rentado, en Delicias.
También a la víctima 2 la ataron y le cubrieron el rostro, pero esta víctima escapó el 6 de julio, por su propio pie.
Cuatro de los imputados, con conocimiento, auxiliaron a los autores con el desplazamiento y borrando evidencias de los vehículos para facilitar la huída.
El Ministerio Público pidió que se les sentencie como secuestro agravado en perjuicio de las dos víctimas, presentó alrededor de 50 testimonios y otros medios de prueba desde físicos como estudios criminológicos de los imputados.
Lo defensores solicitaron que se les acepten pruebas para demostrar que sus defendidos se encontraban en otro lugar cuando se cometieron los secuestros. Solicitaron la presencia de testigos, dieron nombres, domicilio y profesión para que las autoridades judiciales puedan contactarlos y llevarlos a declarar.
Asimismo, por lo menos en dos casos, argumentan que los imputados se encontraban los días 23 y 24 de abril, en clases en la Universidad Regional del Norte campus Juárez, en clase, por lo que es imposible que sean corresponsables en los secuestros.Además, piden que se considere que los imputados son primodelincuentes, es decir, no tienen antecedentes penales. Consideran que no son responsables de los delitos que se les imputan.
También pidieron que se presenten como prueba ante el Tribunal de Juicio Oral, documentales públicos, que brindan hechos e informaciónque pueden demostrar la inocencia de sus clientes.
A partir de hoy, el caso queda en manos de los legisladores de juicio oral, para que ellos fijen fecha y emitan su sentencia.
OMNIA
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