En un comunicado, el organismo detalló que el 5 de noviembre de 2009, la mujer fue privada de la libertad por un grupo armado que la sustrajo de su domicilio y hasta el momento se desconoce su paradero.
Un mes antes, la agraviada había pedido se investigara la muerte violenta de su esposo, también defensor civil de la región e integrante de la Asociación Civil de los Derechos Humanos de Nuevo Casas Grandes.
Por ello, interpuso una queja ante la CNDH y declaró que por el trabajo que realizaban como defensores de derechos humanos, ella y su esposo habían sido objeto de constantes amenazas y actos de intimidación. Además en 2008 mataron a uno de sus hijos y fue baleada la oficina donde se encuentra esa organización civil.
La comisión solicitó al gobierno de Chihuahua, en diversos momentos, implementar medidas cautelares a favor de la mujer, lo que nunca sucedió.
En su investigación, la CNDH confirmó que con su omisión, las autoridades del gobierno de Chihuahua vulneraron los derechos humanos a la seguridad jurídica, a la integridad y seguridad personal de la agraviada.
Hubo negligencia para garantizar que su persona fuera protegida porque las autoridades no brindaron resguardo y auxilio ni custodiaron, vigilaron e implementaron medidas para darle seguridad.
Por ello, en su Recomendación 54, la Comisión Nacional pide al gobernador de Chihuahua se tomen las medidas necesarias para reparar los daños ocasionados a un testigo de los hechos y su familia, a través del tratamiento médico y psicológico para restablecer su salud física y mental.
También que se agilice y determine conforme a derecho la averiguación previa que se integra por la privación de la libertad de la agraviada y se realicen todas y cada una de las diligencias pertinentes para dar con su paradero.
Además, que se colabore ampliamente en la presentación y seguimiento de la denuncia de hechos que la CNDHNDH formulará ante la Procuraduría General de Justicia del estado de Chihuahua, y del procedimiento administrativo de investigación en la Contraloría General del estado.
También que gire una circular a todas las autoridades dependientes de su administración para que, en lo sucesivo, cumplan con la implementación de las medidas cautelares que los organismos protectores de derechos humanos soliciten y se les capacite para que en sus tareas se ajusten a la legalidad y respeto a los derechos humanos.
apr
FUENTE:
Notimex
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