J. JESÚS ESQUIVEL
Plagado de acusaciones entre sus defensores y la fiscalía del Departamento de Justicia, el caso de Vicente Zambada Niebla se vuelve cada vez más tortuoso en la Corte Federal de Chicago. Parece seguir un guión en el que se entrecruzan acusaciones de traición entre las autoridades de Estados Unidos –en especial la DEA–, sus informantes en México y los líderes de alto nivel de cárteles mexicanos, específicamente del de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Obligados por el juez, los fiscales se verán obligados a entregar documentos clasificados que, durante los próximos meses, arrojarán luces sobre la maraña de complicidades que envuelve el caso.
CHICAGO.- Ante los insistentes testimonios en la Corte Federal de Illinois en el sentido de que el cártel de Sinaloa y sus principales líderes han gozado de protección en ambos lados de la frontera, los gobiernos de México y de Estados Unidos aseguran que Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el capo más protegido en los últimos 10 años, pronto caerá, vivo o muerto.
En vísperas de una audiencia preparatoria del juicio que se sigue a Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo –hijo de Ismael El Mayo Zambada–, la semana pasada The New York Times informó que Estados Unidos tiene agentes infiltrados en los cárteles mexicanos y se alista a detener a sus principales líderes; a su vez, The Washington Post destacó que el gobierno mexicano dispone de tres unidades de tiempo completo para la captura o asesinato de El Chapo.
Ante los comicios de 2012 en ambos países, El Chapo se ha convertido para los gobiernos de Barack Obama y Felipe Calderón en un manjar electoral (Proceso 1825), pero antes debe aclararse la presunta protección que ha recibido el capo, según se desprende de las audiencias en el caso que se le sigue a El Vicentillo.
En lo que pareciera ser una traición a la organización de tráfico de drogas que lideran El Chapo y El Mayo Zambada, el acusado instruyó a sus cuatro abogados para que insistan en que hay acuerdos directos entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de Estados Unidos.
La defensa del Vicentillo sostiene que los compromisos entre Washington y el narcotraficante mexicano más buscado en el mundo se lograron por medio de los oficios de la Drug Enforcement Administration (DEA) e intermediarios.
"El gobierno (estadunidense) está protegiendo al cártel de Sinaloa y a sus líderes bajo el acuerdo que tienen firmado con el informante de la DEA Humberto Loya Castro", declaró el abogado Edward Panzer ante el juez federal Rubén Castillo.
En la audiencia del jueves 27 en la Corte Federal del Distrito Norte en Chicago, Illinois, los abogados acusaron al gobierno de Estados Unidos de haber traicionado a su cliente, quien fue reclutado por Loya Castro, un informante de la DEA.
El lunes 24, Panzer y sus colegas George L. Santangelo, Alvin S. Michaelson y Fernando X. Gaxiola entregaron a la Corte varios documentos, incluida una "petición de inmunidad" para Zambada Niebla. En él arguyen que su cliente proporcionó información a la DEA relativa a las actividades de grupos del narcotráfico de México enemigos del cártel de Sinaloa.
En la audiencia del jueves 27 el acusado no estuvo presente en la audiencia, toda vez que "se encuentra en una prisión federal en la población de Milan, en el estado de Michigan".
Uno de los abogados comenta a Proceso que El Vicentillo fue transferido a ese lugar hace 10 días o hace una semana. "Lo supimos apenas el día de la audiencia". El hijo de El Mayo fue transferido de Chicago a Milan a petición del gobierno de Estados Unidos con el argumento de que corre peligro de ser asesinado.
Panzer exigió al juez anular los cargos por delito de narcotráfico que se le imputan a su cliente y concederle la inmunidad que presuntamente le prometió la DEA.
En la Corte Federal en Chicago se estableció como atenuante que Loya Castro, presunto asesor legal del cártel de Sinaloa desde finales de los ochenta, fue encausado legalmente por el gobierno de Estados Unidos en los noventa por delitos relacionados con el narcotráfico, pero fue perdonado de los cargos que se le imputaban por ser informante de la DEA. La defensa reclama el mismo trato para su cliente.
Según los documentos radicados en la Corte, Loya Castro "se niega a testificar en el juicio de El Vicentillo como testigo de la defensa". El pretexto que esgrime es que el gobierno estadunidense lo amenazó con exhibir los acuerdos de Washington con el narcotráfico, lo que pondría en riesgo su seguridad, la de su familia, así como la de El Chapo y El Mayo.
La defensa reitera que el agente de la DEA Manuel Manny Castanon, quien enganchó a Loya Castro como informante, es quien lo presiona para que se desista como testigo:
"Castanon le dijo que si salía a la luz su relación y la del cártel con el gobierno de Estados Unidos, no solamente sería malo para él, sino también para el gobierno de Estados Unidos", indica la solicitud de inmunidad que entregó la defensa al juez Castillo.
Asimismo denuncia que su cliente fue convencido por Loya Castro para convertirse en informante de la DEA y luego fue traicionado por Castanon y altos mandos de la administración antinarcóticos estadunidense.
Los señalamientos incluyen a otros agentes de la DEA, entre ellos David Herrod, quien actúa en México; Carlos Mitchem, subdirector regional de la misma agencia; Steven Fraga, agente especial y jefe de la oficina en Tijuana, y a la fiscalía especial a cargo de la investigación de El Vicentillo en el Departamento de Justicia.
Los expedientes
De acuerdo con los documentos presentados ante la Corte Federal en Chicago, en enero de 2009 los agentes mencionados y el funcionario del Departamento de Justicia dijeron a Loya Castro que se había "aprobado el acuerdo de otorgarle inmunidad" a El Vicentillo a cambio de su trabajo como informante.
En uno de los documentos se hace un recuento detallado de las entrevistas de Loya Castro con los cuatro abogados de El Vicentillo el 9 de marzo y el 14 de julio de 2010 en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México.
Ellos insisten en que en esos encuentros Loya Castro no sólo reiteró que sí existía el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y Zambada Niebla, también manifestó su disposición a testificar en el juicio que se le sigue al hijo de El Mayo, que se iniciará formalmente en febrero de 2012.
El expediente anota que para darle seguimiento al compromiso de Loya Castro con la defensa se acordó otra reunión para el 26 de octubre de 2010 en la Ciudad de México, pero ya no se hizo.
"Loya Castro estableció que Castanon se había enterado de que se reuniría con la defensa (de El Vicentillo) y le dijo que no podría presentarse a testificar ante la Corte como testigo", indica el documento.
Panzer subrayó al juez Castillo que los cambios de opinión de Loya, quien ahora ni siquiera contesta las llamadas telefónicas, indican que él "sigue en contacto con la DEA de manera regular y le proporciona información sobre los cárteles rivales al de Sinaloa".
Los abogados aseguran que entregaron el expediente a la Corte el 18 de agosto último. En él comentan que Castanon se volvió a poner en contacto con Loya Castro y, además de pedirle que desistiera de su idea de ser testigo en el juicio, le propuso un encuentro con gente involucrada en el caso para el 30 de agosto en San Diego, California. Castanon le pidió también desplazarse a Chicago para reunirse con los agentes de la DEA.
Según el expediente, "Loya Castro estaba aterrado por lo que le dijo Castanon, por lo que decidió no testificar en el juicio… De hacerlo, expondría la seguridad de muchas personas, incluidos los jefes del cártel de Sinaloa".
Por ello, en la audiencia del jueves 27 los abogados reiteraron al juez Castillo que "Loya Castro es un agente del cártel de Sinaloa, quien en sus acuerdos con la DEA pasa información directa al gobierno de Estados Unidos de lo que le dicen El Chapo y El Mayo, y a la inversa".
La parte acusadora, integrada por los fiscales del Departamento de Justicia, que encabeza Thomas D. Shakeshaft y Gal Pissetzky, niegan que la DEA haya establecido un acuerdo de inmunidad con Zambada Niebla. Alegan que los agentes con quienes Loya tiene presuntos contactos carecen de autoridad jurídica.
A su vez, el defensor Michaelson replicó que aun cuando ese fuera el caso, su cliente tiene derecho a la inmunidad con base en un precedente legal que existe en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, según el cual el extranjero que coopere con el gobierno "no necesariamente está excluido de inmunidad" por desconocer las leyes de otro país cuyas autoridades hacen un compromiso.
La fiscalía no refutó a los abogados de El Vicentillo la relación de Loya Castro con los agentes de la DEA; sólo expuso ante el juez Castillo que la relación de aquél con los agentes antinarcóticos data de 2005.
No obstante la defensa le exige al Departamento de Justicia que entregue toda la información que tenga en su poder, "aun la que esté catalogada como clasificada o top secret", sobre los contactos de sus distintas agencias con Loya Castro. También insisten en que desde hace más de 20 años comenzó la relación de protección al cártel de Sinaloa por parte de Washington.
"El gobierno no rebate el hecho de que los agentes de la DEA sabían que Loya estaba en contacto directo con los líderes del cártel de Sinaloa, y aparentemente no hicieron ningún intento por seguirlo para poder capturar a los jefes de la organización", señala uno de los documentos de la defensa.
Nuevo plazo
Según sus abogados, El Vicentillo sostiene que el gobierno de Estados Unidos debe tener información concerniente a "cientos o miles" de llamadas telefónicas que sostuvo Loya Castro con agentes de la DEA antes de 2005.
Ellos aseguran que también debe haber correos electrónicos y reseñas de las reuniones del abogado del cártel de Sinaloa con representantes de la agencia antidrogas.
Luego de escuchar los argumentos de la defensa y de cerciorarse de que El Vicentillo entendió todo lo que se dijo en la audiencia del jueves 27, gracias a la traductora que le comunicó los pormenores durante la videoconferencia, ya que él no pudo asistir, el juez Castillo definió las fechas para la entrega de información concerniente a la relación de Loya Castro y el gobierno de Estados Unidos.
Castillo ordenó que el próximo 10 de noviembre la defensa y la fiscalía aporten más información sobre el caso. El 28 de noviembre, el Departamento de Justicia deberá entregar por escrito la lista de expertos y testigos que hablarán en el juicio.
El 1 de diciembre el gobierno de Estados Unidos deberá presentar ante la Corte los 3 mil 500 documentos relacionados con el caso de El Vicentillo que supuestamente tiene en su poder. El día 12 de ese mes vence la fecha límite para proporcionar información adicional al caso.
El 3 de enero de 2012 el Departamento de Justicia tiene que entregar a la Corte toda la información relacionada con Jesús Vicente Zambada Niebla que tengan en su poder las agencias de Estados Unidos con presencia en México, como la DEA, el FBI, la CIA y el ICE, entre otras.
Finalmente, el 17 de enero siguiente deberán entregarse las respuestas a las peticiones que hagan tanto la defensa como la fiscalía en el caso de El Vicentillo. "Toda la información que se entregue a la Corte debe ser desclasificada", expuso el juez a la fiscalía.
Tras escuchar la orden del juez Castillo, el fiscal Pissetzky argumentó que el gobierno debería contar con más tiempo en lo que concierne a los nombres de sus testigos, incluso arguyó que se deben hacer los arreglos necesarios para garantizar su integridad personal:
"Es muy peligroso para los testigos y sus familias venir a esta Corte. Por ejemplo, hace poco desapareció el padre de los hermanos Flores, quienes podrían ser testigos; y esto ocurrió después de que la defensa del señor Zambada se opusiera a que ellos se presenten ante usted."
Según la defensa, los hermanos Margarito y Pedro Flores son operadores del cártel de Sinaloa en Estados Unidos, lo mismo que su padre. Todos tienen un largo historial criminal en el país. "Su padre ha desaparecido y aparecido muchas veces. Lo que dice el fiscal no tiene sustento", argumentó el abogado Michaelson.
El juez aclaró que el gobierno de Estados Unidos tiene el tiempo suficiente para hacer todos los arreglos necesarios que garanticen la seguridad de sus testigos.
En jueves 27 no estuvo en la audiencia el joven que regularmente acude a la sala judicial y que, según la defensa, es familiar de El Vicentillo. Ese día estuvo otro joven que se identificó como Javier Díaz y dijo ser "sobrino" del acusado y tener su residencia en Los Ángeles. A su lado estuvo otro adolescente.
De acuerdo con el expediente de Zambada Niebla, en estos momentos "Loya Castro es un informante desactivado de la DEA", aunque tiene un acuerdo firmado con el gobierno de Estados Unidos que vence el 18 de diciembre de 2011.
El martes 25 The New York Times publicó en primera plana una nota según la cual la red de informantes infiltrados por la DEA y otras agencias federales en los cárteles de la droga mexicanos va en aumento.
De manera significativa el gobierno de Estados Unidos "ha construido redes de informantes mexicanos que le han permitido infiltrar algunas de las organizaciones más peligrosas del país (México)", destaca el rotativo.
Y añade que gracias a esos informantes, el gobierno de México ha logrado atrapar o eliminar a unas dos docenas de capos. También aclara que las agencias estadunidenses "mantienen en la oscuridad (al gobierno de Calderón) sobre la red de informantes por temor a que por la corrupción se filtre la información a las organizaciones dedicadas al trasiego de drogas".
Por su parte, el viernes 28, en un amplio reportaje de primera plana The Washington Post subraya las sospechas de que Guzmán Loera es el capo protegido de los gobiernos de México y de Estados Unidos.
Y aun cuando el gobierno de Calderón cuenta con tres grupos especiales dedicados a atraparlo o asesinarlo, subraya el periódico, Calderón "es perseguido por la percepción de muchos mexicanos de que su gobierno, especialmente el Ejército, ha sido muy complaciente con el cártel de Guzmán".
Respecto al caso de la presunta protección que ofrece Estados Unidos a la organización que encabeza el sinaloense, The Washington Post cita los argumentos presentados en el caso de El Vicentillo que se ventila en la Corte de Chicago.
"Él (Zambada Niebla) clama que funcionarios de la DEA han dado mano libre al cártel de Sinaloa para el tráfico de narcóticos a cambio de información sobre sus rivales", informa el Post.
Proceso
31/10/2011
Plagado de acusaciones entre sus defensores y la fiscalía del Departamento de Justicia, el caso de Vicente Zambada Niebla se vuelve cada vez más tortuoso en la Corte Federal de Chicago. Parece seguir un guión en el que se entrecruzan acusaciones de traición entre las autoridades de Estados Unidos –en especial la DEA–, sus informantes en México y los líderes de alto nivel de cárteles mexicanos, específicamente del de Sinaloa, encabezado por Joaquín El Chapo Guzmán e Ismael El Mayo Zambada. Obligados por el juez, los fiscales se verán obligados a entregar documentos clasificados que, durante los próximos meses, arrojarán luces sobre la maraña de complicidades que envuelve el caso.CHICAGO.- Ante los insistentes testimonios en la Corte Federal de Illinois en el sentido de que el cártel de Sinaloa y sus principales líderes han gozado de protección en ambos lados de la frontera, los gobiernos de México y de Estados Unidos aseguran que Joaquín El Chapo Guzmán Loera, el capo más protegido en los últimos 10 años, pronto caerá, vivo o muerto.
En vísperas de una audiencia preparatoria del juicio que se sigue a Jesús Vicente Zambada Niebla, El Vicentillo –hijo de Ismael El Mayo Zambada–, la semana pasada The New York Times informó que Estados Unidos tiene agentes infiltrados en los cárteles mexicanos y se alista a detener a sus principales líderes; a su vez, The Washington Post destacó que el gobierno mexicano dispone de tres unidades de tiempo completo para la captura o asesinato de El Chapo.
Ante los comicios de 2012 en ambos países, El Chapo se ha convertido para los gobiernos de Barack Obama y Felipe Calderón en un manjar electoral (Proceso 1825), pero antes debe aclararse la presunta protección que ha recibido el capo, según se desprende de las audiencias en el caso que se le sigue a El Vicentillo.
En lo que pareciera ser una traición a la organización de tráfico de drogas que lideran El Chapo y El Mayo Zambada, el acusado instruyó a sus cuatro abogados para que insistan en que hay acuerdos directos entre el cártel de Sinaloa y el gobierno de Estados Unidos.
La defensa del Vicentillo sostiene que los compromisos entre Washington y el narcotraficante mexicano más buscado en el mundo se lograron por medio de los oficios de la Drug Enforcement Administration (DEA) e intermediarios.
"El gobierno (estadunidense) está protegiendo al cártel de Sinaloa y a sus líderes bajo el acuerdo que tienen firmado con el informante de la DEA Humberto Loya Castro", declaró el abogado Edward Panzer ante el juez federal Rubén Castillo.
En la audiencia del jueves 27 en la Corte Federal del Distrito Norte en Chicago, Illinois, los abogados acusaron al gobierno de Estados Unidos de haber traicionado a su cliente, quien fue reclutado por Loya Castro, un informante de la DEA.
El lunes 24, Panzer y sus colegas George L. Santangelo, Alvin S. Michaelson y Fernando X. Gaxiola entregaron a la Corte varios documentos, incluida una "petición de inmunidad" para Zambada Niebla. En él arguyen que su cliente proporcionó información a la DEA relativa a las actividades de grupos del narcotráfico de México enemigos del cártel de Sinaloa.
En la audiencia del jueves 27 el acusado no estuvo presente en la audiencia, toda vez que "se encuentra en una prisión federal en la población de Milan, en el estado de Michigan".
Uno de los abogados comenta a Proceso que El Vicentillo fue transferido a ese lugar hace 10 días o hace una semana. "Lo supimos apenas el día de la audiencia". El hijo de El Mayo fue transferido de Chicago a Milan a petición del gobierno de Estados Unidos con el argumento de que corre peligro de ser asesinado.
Panzer exigió al juez anular los cargos por delito de narcotráfico que se le imputan a su cliente y concederle la inmunidad que presuntamente le prometió la DEA.
En la Corte Federal en Chicago se estableció como atenuante que Loya Castro, presunto asesor legal del cártel de Sinaloa desde finales de los ochenta, fue encausado legalmente por el gobierno de Estados Unidos en los noventa por delitos relacionados con el narcotráfico, pero fue perdonado de los cargos que se le imputaban por ser informante de la DEA. La defensa reclama el mismo trato para su cliente.
Según los documentos radicados en la Corte, Loya Castro "se niega a testificar en el juicio de El Vicentillo como testigo de la defensa". El pretexto que esgrime es que el gobierno estadunidense lo amenazó con exhibir los acuerdos de Washington con el narcotráfico, lo que pondría en riesgo su seguridad, la de su familia, así como la de El Chapo y El Mayo.
La defensa reitera que el agente de la DEA Manuel Manny Castanon, quien enganchó a Loya Castro como informante, es quien lo presiona para que se desista como testigo:
"Castanon le dijo que si salía a la luz su relación y la del cártel con el gobierno de Estados Unidos, no solamente sería malo para él, sino también para el gobierno de Estados Unidos", indica la solicitud de inmunidad que entregó la defensa al juez Castillo.
Asimismo denuncia que su cliente fue convencido por Loya Castro para convertirse en informante de la DEA y luego fue traicionado por Castanon y altos mandos de la administración antinarcóticos estadunidense.
Los señalamientos incluyen a otros agentes de la DEA, entre ellos David Herrod, quien actúa en México; Carlos Mitchem, subdirector regional de la misma agencia; Steven Fraga, agente especial y jefe de la oficina en Tijuana, y a la fiscalía especial a cargo de la investigación de El Vicentillo en el Departamento de Justicia.
Los expedientes
De acuerdo con los documentos presentados ante la Corte Federal en Chicago, en enero de 2009 los agentes mencionados y el funcionario del Departamento de Justicia dijeron a Loya Castro que se había "aprobado el acuerdo de otorgarle inmunidad" a El Vicentillo a cambio de su trabajo como informante.
En uno de los documentos se hace un recuento detallado de las entrevistas de Loya Castro con los cuatro abogados de El Vicentillo el 9 de marzo y el 14 de julio de 2010 en el hotel Four Seasons de la Ciudad de México.
Ellos insisten en que en esos encuentros Loya Castro no sólo reiteró que sí existía el acuerdo entre el gobierno de Estados Unidos y Zambada Niebla, también manifestó su disposición a testificar en el juicio que se le sigue al hijo de El Mayo, que se iniciará formalmente en febrero de 2012.
El expediente anota que para darle seguimiento al compromiso de Loya Castro con la defensa se acordó otra reunión para el 26 de octubre de 2010 en la Ciudad de México, pero ya no se hizo.
"Loya Castro estableció que Castanon se había enterado de que se reuniría con la defensa (de El Vicentillo) y le dijo que no podría presentarse a testificar ante la Corte como testigo", indica el documento.
Panzer subrayó al juez Castillo que los cambios de opinión de Loya, quien ahora ni siquiera contesta las llamadas telefónicas, indican que él "sigue en contacto con la DEA de manera regular y le proporciona información sobre los cárteles rivales al de Sinaloa".
Los abogados aseguran que entregaron el expediente a la Corte el 18 de agosto último. En él comentan que Castanon se volvió a poner en contacto con Loya Castro y, además de pedirle que desistiera de su idea de ser testigo en el juicio, le propuso un encuentro con gente involucrada en el caso para el 30 de agosto en San Diego, California. Castanon le pidió también desplazarse a Chicago para reunirse con los agentes de la DEA.
Según el expediente, "Loya Castro estaba aterrado por lo que le dijo Castanon, por lo que decidió no testificar en el juicio… De hacerlo, expondría la seguridad de muchas personas, incluidos los jefes del cártel de Sinaloa".
Por ello, en la audiencia del jueves 27 los abogados reiteraron al juez Castillo que "Loya Castro es un agente del cártel de Sinaloa, quien en sus acuerdos con la DEA pasa información directa al gobierno de Estados Unidos de lo que le dicen El Chapo y El Mayo, y a la inversa".
La parte acusadora, integrada por los fiscales del Departamento de Justicia, que encabeza Thomas D. Shakeshaft y Gal Pissetzky, niegan que la DEA haya establecido un acuerdo de inmunidad con Zambada Niebla. Alegan que los agentes con quienes Loya tiene presuntos contactos carecen de autoridad jurídica.
A su vez, el defensor Michaelson replicó que aun cuando ese fuera el caso, su cliente tiene derecho a la inmunidad con base en un precedente legal que existe en la Corte Suprema de Justicia de Estados Unidos, según el cual el extranjero que coopere con el gobierno "no necesariamente está excluido de inmunidad" por desconocer las leyes de otro país cuyas autoridades hacen un compromiso.
La fiscalía no refutó a los abogados de El Vicentillo la relación de Loya Castro con los agentes de la DEA; sólo expuso ante el juez Castillo que la relación de aquél con los agentes antinarcóticos data de 2005.
No obstante la defensa le exige al Departamento de Justicia que entregue toda la información que tenga en su poder, "aun la que esté catalogada como clasificada o top secret", sobre los contactos de sus distintas agencias con Loya Castro. También insisten en que desde hace más de 20 años comenzó la relación de protección al cártel de Sinaloa por parte de Washington.
"El gobierno no rebate el hecho de que los agentes de la DEA sabían que Loya estaba en contacto directo con los líderes del cártel de Sinaloa, y aparentemente no hicieron ningún intento por seguirlo para poder capturar a los jefes de la organización", señala uno de los documentos de la defensa.
Nuevo plazo
Según sus abogados, El Vicentillo sostiene que el gobierno de Estados Unidos debe tener información concerniente a "cientos o miles" de llamadas telefónicas que sostuvo Loya Castro con agentes de la DEA antes de 2005.
Ellos aseguran que también debe haber correos electrónicos y reseñas de las reuniones del abogado del cártel de Sinaloa con representantes de la agencia antidrogas.
Luego de escuchar los argumentos de la defensa y de cerciorarse de que El Vicentillo entendió todo lo que se dijo en la audiencia del jueves 27, gracias a la traductora que le comunicó los pormenores durante la videoconferencia, ya que él no pudo asistir, el juez Castillo definió las fechas para la entrega de información concerniente a la relación de Loya Castro y el gobierno de Estados Unidos.
Castillo ordenó que el próximo 10 de noviembre la defensa y la fiscalía aporten más información sobre el caso. El 28 de noviembre, el Departamento de Justicia deberá entregar por escrito la lista de expertos y testigos que hablarán en el juicio.
El 1 de diciembre el gobierno de Estados Unidos deberá presentar ante la Corte los 3 mil 500 documentos relacionados con el caso de El Vicentillo que supuestamente tiene en su poder. El día 12 de ese mes vence la fecha límite para proporcionar información adicional al caso.
El 3 de enero de 2012 el Departamento de Justicia tiene que entregar a la Corte toda la información relacionada con Jesús Vicente Zambada Niebla que tengan en su poder las agencias de Estados Unidos con presencia en México, como la DEA, el FBI, la CIA y el ICE, entre otras.
Finalmente, el 17 de enero siguiente deberán entregarse las respuestas a las peticiones que hagan tanto la defensa como la fiscalía en el caso de El Vicentillo. "Toda la información que se entregue a la Corte debe ser desclasificada", expuso el juez a la fiscalía.
Tras escuchar la orden del juez Castillo, el fiscal Pissetzky argumentó que el gobierno debería contar con más tiempo en lo que concierne a los nombres de sus testigos, incluso arguyó que se deben hacer los arreglos necesarios para garantizar su integridad personal:
"Es muy peligroso para los testigos y sus familias venir a esta Corte. Por ejemplo, hace poco desapareció el padre de los hermanos Flores, quienes podrían ser testigos; y esto ocurrió después de que la defensa del señor Zambada se opusiera a que ellos se presenten ante usted."
Según la defensa, los hermanos Margarito y Pedro Flores son operadores del cártel de Sinaloa en Estados Unidos, lo mismo que su padre. Todos tienen un largo historial criminal en el país. "Su padre ha desaparecido y aparecido muchas veces. Lo que dice el fiscal no tiene sustento", argumentó el abogado Michaelson.
El juez aclaró que el gobierno de Estados Unidos tiene el tiempo suficiente para hacer todos los arreglos necesarios que garanticen la seguridad de sus testigos.
En jueves 27 no estuvo en la audiencia el joven que regularmente acude a la sala judicial y que, según la defensa, es familiar de El Vicentillo. Ese día estuvo otro joven que se identificó como Javier Díaz y dijo ser "sobrino" del acusado y tener su residencia en Los Ángeles. A su lado estuvo otro adolescente.
De acuerdo con el expediente de Zambada Niebla, en estos momentos "Loya Castro es un informante desactivado de la DEA", aunque tiene un acuerdo firmado con el gobierno de Estados Unidos que vence el 18 de diciembre de 2011.
El martes 25 The New York Times publicó en primera plana una nota según la cual la red de informantes infiltrados por la DEA y otras agencias federales en los cárteles de la droga mexicanos va en aumento.
De manera significativa el gobierno de Estados Unidos "ha construido redes de informantes mexicanos que le han permitido infiltrar algunas de las organizaciones más peligrosas del país (México)", destaca el rotativo.
Y añade que gracias a esos informantes, el gobierno de México ha logrado atrapar o eliminar a unas dos docenas de capos. También aclara que las agencias estadunidenses "mantienen en la oscuridad (al gobierno de Calderón) sobre la red de informantes por temor a que por la corrupción se filtre la información a las organizaciones dedicadas al trasiego de drogas".
Por su parte, el viernes 28, en un amplio reportaje de primera plana The Washington Post subraya las sospechas de que Guzmán Loera es el capo protegido de los gobiernos de México y de Estados Unidos.
Y aun cuando el gobierno de Calderón cuenta con tres grupos especiales dedicados a atraparlo o asesinarlo, subraya el periódico, Calderón "es perseguido por la percepción de muchos mexicanos de que su gobierno, especialmente el Ejército, ha sido muy complaciente con el cártel de Guzmán".
Respecto al caso de la presunta protección que ofrece Estados Unidos a la organización que encabeza el sinaloense, The Washington Post cita los argumentos presentados en el caso de El Vicentillo que se ventila en la Corte de Chicago.
"Él (Zambada Niebla) clama que funcionarios de la DEA han dado mano libre al cártel de Sinaloa para el tráfico de narcóticos a cambio de información sobre sus rivales", informa el Post.
Proceso
31/10/2011
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