El Diario de Juárez
En la madrugada del sábado 4 de junio fue detenido en Tijuana por elementos del Ejército Carlos Hank Rhon, ex alcalde priísta de esa ciudad e hijo del legendario profesor Carlos Hank González, quien fundó un grupo político y empresarial que por décadas ha extendido su influencia a todo el país desde el Estado de México.
Dueño de Grupo Caliente, un consorcio de centros de apuestas con presencia nacional y del equipo de futbol de primera división Xoloitzcuintles de Tijuana, Hank Rhon ha estado en el centro de la polémica, tanto en su faceta de gobernante como en la empresarial. Igual lo estuvo su padre, el mítico jefe del Grupo Atlacomulco que desde el ejercicio público construyó un emporio privado e inmortalizó su frase: “Un político pobre es un pobre político”.
Los detractores de Jorge Hank Rhon han asociado su figura a la vieja política del autoritarismo, el tráfico de influencias y el desdén al estado de derecho, aunque nada de eso le impidió recuperar para el PRI la ciudad de Tijuana en 2004 cuando se lanzó para alcalde.
Fue en 1988, tras el asesinato en Tijuana del coeditor del Semanario Zeta, Héctor “Gato” Félix Miranda, que tuvo un primer encuentro con la justicia en México.
Citado por el Ministerio Público para declarar sobre el asesinato del periodista, Hank Rhon aseguró que no conocía a Antonio Vera, asesino material del “Gato” y que en ese entonces fungía como su jefe de escoltas.
El caso fue archivado, Hank Rhon nunca fue vinculado al crimen de Félix Miranda por juzgador alguno, aunque los periodistas de Zeta encabezados por el fallecido Jesús Blancornelas siempre mantuvieron la acusación sobre su autoría intelectual.
Tres años después, en 1991, “El Ingeniero”, como lo llaman sus conocidos, vivió un incidente con la justicia estadounidense. En esa ocasión fue retenido en la garita de San Isidro, California, cuando intentaba cruzar de manera ilegal a Estados Unidos una tigresa de bengala.
En 1995, su afición por las pieles y los animales lo llevó a enfrentar un segundo incidente. En esa ocasión, Hank Rhon fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en posesión de un abrigo y esculturas de marfil.
Sin pisar la cárcel, el empresario obtuvo su libertad a las pocas horas de la detención, cuando sus abogados demostraron que los productos encontrados, tras su viaje a Japón, eran de imitación.
Sin duda, Hank Rhon es un personaje del priísmo nacional.
Por lo emblemático de su figura y el contexto del proceso electoral que se vive en Estado de México, como antesala de la sucesión presidencial del 2012, la noticia de su detención cimbró a la clase política. Se le conoce ya como “el hankazo”.
De acuerdo a lo informado por el Ejército, en la residencia de Hank Rhon fueron encontradas 88 armas de fuego, 43 de ellas de alto calibre y 9 mil 250 cartuchos. Por ello el empresario es acusado de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y está a disposición de un juez federal.
Junto al empresario fueron detenidos 10 de sus escoltas, acusados de posesión de arsenal reservado a las Fuerzas Armadas (dos de ellos salieron bajo fianza el jueves) mientras que Hank Rhon enfrenta la acusación de acopio de armas.
Todos están encarcelados en un penal de Tecate, Baja California, luego de haber sido concentrados primero en el Distrito Federal para ser interrogados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que rastrea al origen del arsenal y en una primera información adelantó que dos de las armas están ligadas con homicidios ocurridos en ese estado norteño.
Sin embargo, la detención está llena de inconsistencias y las formas y los tiempos en que se abre el expediente mueven al recelo y la suspicacia.
En primer lugar, los militares que irrumpieron en la casa del Hank Rhon, cuando éste dormía junto a su esposa durante la madrugada, lo hicieron sin una orden de cateo o de aprehensión.
Allanaron la propiedad privada y dañaron los accesos de la vivienda ubicada en el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro.
La explicación oficial de la Sedena y del vocero del Consejo Nacional de Seguridad Alejandro Poiré justificó la intervención alegando flagrancia.
“Los hechos ocurrieron en atención a una denuncia ciudadana, la cual hacía referencia sobre la presencia de tres personas armadas en las inmediaciones del hotel Palacio…mismos que al ser aprehendidos por el personal militar, señalaron que un domicilio de la colonia Hipódromo ocultaban armamento. A consecuencia de lo anterior, el personal castrense se desplazó a la citada colonia, localizando el inmueble de referencia, detectando fuera del mismo a personas armadas, quienes se introdujeron al domicilio”, se informó en el primer comunicado.
Pero a Hank Rhon nadie lo vio consumando un delito como establece el concepto de flagrancia y de acuerdo a los videos con los que cuenta la defensa, tampoco había hombres armados en el exterior de la vivienda antes de que los militares irrumpieran en ella.
En todo caso, si había la sospecha sobre actos constitutivos de delito al interior de la propiedad, el protocolo policial que se debería haber seguido era el aseguramiento del perímetro para que nadie entrara o saliera mientras se conseguía la orden de cateo.
Los militares actuaron precisamente como anticiparon los legisladores que podía ocurrir cuando rechazaron la propuesta presidencial de reforma a la Ley de Seguridad Nacional para conceder a la Sedena funciones policiales y de ministerio público.
Tampoco obedeció la detención del empresario a la conclusión de un trabajo de investigación. En un hecho que confirma lo endeble de las instituciones y del estado derecho en México, primero se detuvo a la persona para investigarla después.
Ahora está concentrada la SIEDO en buscar nuevas acusaciones para mantenerlo en prisión. Ya con el control de la propiedad cuya posesión tomaron ilegalmente los soldados en una primera instancia, los agentes del Ministerio Público buscan las pruebas para acusar de otros delitos a Hank Rhon.
En el ínter, la garantía constitucional que señala que “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos” simplemente fue pisoteada.
Sin embargo, no es el desaseo en los procedimientos lo único que salta a la vista de cualquier interesado en los asuntos públicos y en los temas de política y justicia que con tanta frecuencia se enredan cuando los procesos electorales ocupan la agenda. El caso es también paradigmático de una preocupante justicia selectiva que al parecer se ha impulsado desde Los Pinos.
¿Por qué el gobierno calderonista ignoró desde el inicio de su gestión las múltiples denuncias sobre el tráfico de influencias y los negocios millonarios que los hijos de Marta Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox realizaron al amparo del poder?
¿Por qué ningún ex funcionario de origen panista ha sido perseguido por la la justicia en los tiempos de Calderón si el foxismo no estuvo exento de acusaciones de manejos irregulares?
¿Qué no se debería empezar por limpiar la casa si en verdad se quiere combatir la corrupción política que traspasa todo el país?
No puede ser creíble una cruzada justiciera cuando en los hechos se blinda a aquellos que se mueven bajo las siglas del mismo partido que ocupa hoy el poder federal.
Todavía está muy reciente el expediente del “michoacanazo” que mostró por igual el grado de perversidad política que la ineficiencia de los aparatos federales de procuración y persecución del delito.
En mayo del 2009, en pleno proceso electoral federal (las elecciones de medio sexenio) con el apoyo del Ejército y la Policía Federal, la SIEDO realizó en Michoacán un impresionante operativo que llevó a la captura de 12 presidentes municipales, ocho altos funcionarios del gobierno estatal, un juez, 12 policías, 2 ex directores de Seguridad Pública y la persecución de un diputado federal, acusados por la Procuraduría General de la República, de tener vínculos o ser miembros del cártel conocido como “La Familia Michoacana”.
La mayoría eran funcionarios de origen perredista aunque otros habían alcanzado los cargos bajo las siglas del PRI.
La acción contra los servidores públicos se sustentó en las declaraciones de un testigo protegido y en supuestas investigaciones de más de seis meses, pero para abril de este año la totalidad de los funcionarios y ex funcionarios habían recobrado ya su libertad y hasta sus cargos.
Promocionado en su momento por el Gobierno federal de filiación panista como un duro golpe contra la corrupción política que ha permitido el enraizamiento de la cultura de la ilegalidad y el narcotráfico en la sociedad, el operativo terminó disminuido a algo menos que una caricatura y resultó en un fiasco judicial.
Pero el estacazo político subsistió.
Justamente esa apuesta es la que no puede tolerarse. Ni la politización de casos jurídicos, ni la judicialización de la política deben tener cabida cuando la sociedad exige que se limpie el ejercicio público y se combate la corrupción en todas sus expresiones y niveles.
Utilizar la fuerza del Estado y mover los aparatos de persecución del delito de una manera selectiva no debe convertirse en práctica común. También es un crimen y como tal debe castigarse.
Fuente: http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2011/06/11&id=d7c62b74168b869a968f7f8ddb39a653
En la madrugada del sábado 4 de junio fue detenido en Tijuana por elementos del Ejército Carlos Hank Rhon, ex alcalde priísta de esa ciudad e hijo del legendario profesor Carlos Hank González, quien fundó un grupo político y empresarial que por décadas ha extendido su influencia a todo el país desde el Estado de México.
Dueño de Grupo Caliente, un consorcio de centros de apuestas con presencia nacional y del equipo de futbol de primera división Xoloitzcuintles de Tijuana, Hank Rhon ha estado en el centro de la polémica, tanto en su faceta de gobernante como en la empresarial. Igual lo estuvo su padre, el mítico jefe del Grupo Atlacomulco que desde el ejercicio público construyó un emporio privado e inmortalizó su frase: “Un político pobre es un pobre político”.
Los detractores de Jorge Hank Rhon han asociado su figura a la vieja política del autoritarismo, el tráfico de influencias y el desdén al estado de derecho, aunque nada de eso le impidió recuperar para el PRI la ciudad de Tijuana en 2004 cuando se lanzó para alcalde.
Fue en 1988, tras el asesinato en Tijuana del coeditor del Semanario Zeta, Héctor “Gato” Félix Miranda, que tuvo un primer encuentro con la justicia en México.
Citado por el Ministerio Público para declarar sobre el asesinato del periodista, Hank Rhon aseguró que no conocía a Antonio Vera, asesino material del “Gato” y que en ese entonces fungía como su jefe de escoltas.
El caso fue archivado, Hank Rhon nunca fue vinculado al crimen de Félix Miranda por juzgador alguno, aunque los periodistas de Zeta encabezados por el fallecido Jesús Blancornelas siempre mantuvieron la acusación sobre su autoría intelectual.
Tres años después, en 1991, “El Ingeniero”, como lo llaman sus conocidos, vivió un incidente con la justicia estadounidense. En esa ocasión fue retenido en la garita de San Isidro, California, cuando intentaba cruzar de manera ilegal a Estados Unidos una tigresa de bengala.
En 1995, su afición por las pieles y los animales lo llevó a enfrentar un segundo incidente. En esa ocasión, Hank Rhon fue detenido en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México en posesión de un abrigo y esculturas de marfil.
Sin pisar la cárcel, el empresario obtuvo su libertad a las pocas horas de la detención, cuando sus abogados demostraron que los productos encontrados, tras su viaje a Japón, eran de imitación.
Sin duda, Hank Rhon es un personaje del priísmo nacional.
Por lo emblemático de su figura y el contexto del proceso electoral que se vive en Estado de México, como antesala de la sucesión presidencial del 2012, la noticia de su detención cimbró a la clase política. Se le conoce ya como “el hankazo”.
De acuerdo a lo informado por el Ejército, en la residencia de Hank Rhon fueron encontradas 88 armas de fuego, 43 de ellas de alto calibre y 9 mil 250 cartuchos. Por ello el empresario es acusado de violación a la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos y está a disposición de un juez federal.
Junto al empresario fueron detenidos 10 de sus escoltas, acusados de posesión de arsenal reservado a las Fuerzas Armadas (dos de ellos salieron bajo fianza el jueves) mientras que Hank Rhon enfrenta la acusación de acopio de armas.
Todos están encarcelados en un penal de Tecate, Baja California, luego de haber sido concentrados primero en el Distrito Federal para ser interrogados por la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO) que rastrea al origen del arsenal y en una primera información adelantó que dos de las armas están ligadas con homicidios ocurridos en ese estado norteño.
Sin embargo, la detención está llena de inconsistencias y las formas y los tiempos en que se abre el expediente mueven al recelo y la suspicacia.
En primer lugar, los militares que irrumpieron en la casa del Hank Rhon, cuando éste dormía junto a su esposa durante la madrugada, lo hicieron sin una orden de cateo o de aprehensión.
Allanaron la propiedad privada y dañaron los accesos de la vivienda ubicada en el exclusivo fraccionamiento Puerta de Hierro.
La explicación oficial de la Sedena y del vocero del Consejo Nacional de Seguridad Alejandro Poiré justificó la intervención alegando flagrancia.
“Los hechos ocurrieron en atención a una denuncia ciudadana, la cual hacía referencia sobre la presencia de tres personas armadas en las inmediaciones del hotel Palacio…mismos que al ser aprehendidos por el personal militar, señalaron que un domicilio de la colonia Hipódromo ocultaban armamento. A consecuencia de lo anterior, el personal castrense se desplazó a la citada colonia, localizando el inmueble de referencia, detectando fuera del mismo a personas armadas, quienes se introdujeron al domicilio”, se informó en el primer comunicado.
Pero a Hank Rhon nadie lo vio consumando un delito como establece el concepto de flagrancia y de acuerdo a los videos con los que cuenta la defensa, tampoco había hombres armados en el exterior de la vivienda antes de que los militares irrumpieran en ella.
En todo caso, si había la sospecha sobre actos constitutivos de delito al interior de la propiedad, el protocolo policial que se debería haber seguido era el aseguramiento del perímetro para que nadie entrara o saliera mientras se conseguía la orden de cateo.
Los militares actuaron precisamente como anticiparon los legisladores que podía ocurrir cuando rechazaron la propuesta presidencial de reforma a la Ley de Seguridad Nacional para conceder a la Sedena funciones policiales y de ministerio público.
Tampoco obedeció la detención del empresario a la conclusión de un trabajo de investigación. En un hecho que confirma lo endeble de las instituciones y del estado derecho en México, primero se detuvo a la persona para investigarla después.
Ahora está concentrada la SIEDO en buscar nuevas acusaciones para mantenerlo en prisión. Ya con el control de la propiedad cuya posesión tomaron ilegalmente los soldados en una primera instancia, los agentes del Ministerio Público buscan las pruebas para acusar de otros delitos a Hank Rhon.
En el ínter, la garantía constitucional que señala que “Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos” simplemente fue pisoteada.
Sin embargo, no es el desaseo en los procedimientos lo único que salta a la vista de cualquier interesado en los asuntos públicos y en los temas de política y justicia que con tanta frecuencia se enredan cuando los procesos electorales ocupan la agenda. El caso es también paradigmático de una preocupante justicia selectiva que al parecer se ha impulsado desde Los Pinos.
¿Por qué el gobierno calderonista ignoró desde el inicio de su gestión las múltiples denuncias sobre el tráfico de influencias y los negocios millonarios que los hijos de Marta Sahagún, esposa del ex presidente Vicente Fox realizaron al amparo del poder?
¿Por qué ningún ex funcionario de origen panista ha sido perseguido por la la justicia en los tiempos de Calderón si el foxismo no estuvo exento de acusaciones de manejos irregulares?
¿Qué no se debería empezar por limpiar la casa si en verdad se quiere combatir la corrupción política que traspasa todo el país?
No puede ser creíble una cruzada justiciera cuando en los hechos se blinda a aquellos que se mueven bajo las siglas del mismo partido que ocupa hoy el poder federal.
Todavía está muy reciente el expediente del “michoacanazo” que mostró por igual el grado de perversidad política que la ineficiencia de los aparatos federales de procuración y persecución del delito.
En mayo del 2009, en pleno proceso electoral federal (las elecciones de medio sexenio) con el apoyo del Ejército y la Policía Federal, la SIEDO realizó en Michoacán un impresionante operativo que llevó a la captura de 12 presidentes municipales, ocho altos funcionarios del gobierno estatal, un juez, 12 policías, 2 ex directores de Seguridad Pública y la persecución de un diputado federal, acusados por la Procuraduría General de la República, de tener vínculos o ser miembros del cártel conocido como “La Familia Michoacana”.
La mayoría eran funcionarios de origen perredista aunque otros habían alcanzado los cargos bajo las siglas del PRI.
La acción contra los servidores públicos se sustentó en las declaraciones de un testigo protegido y en supuestas investigaciones de más de seis meses, pero para abril de este año la totalidad de los funcionarios y ex funcionarios habían recobrado ya su libertad y hasta sus cargos.
Promocionado en su momento por el Gobierno federal de filiación panista como un duro golpe contra la corrupción política que ha permitido el enraizamiento de la cultura de la ilegalidad y el narcotráfico en la sociedad, el operativo terminó disminuido a algo menos que una caricatura y resultó en un fiasco judicial.
Pero el estacazo político subsistió.
Justamente esa apuesta es la que no puede tolerarse. Ni la politización de casos jurídicos, ni la judicialización de la política deben tener cabida cuando la sociedad exige que se limpie el ejercicio público y se combate la corrupción en todas sus expresiones y niveles.
Utilizar la fuerza del Estado y mover los aparatos de persecución del delito de una manera selectiva no debe convertirse en práctica común. También es un crimen y como tal debe castigarse.
Fuente: http://www.diario.com.mx/notas.php?f=2011/06/11&id=d7c62b74168b869a968f7f8ddb39a653
0 comments so far,add yours