México, DF. El cuerpo
sin vida del periodista Víctor Manuel Báez Chino, fue encontrado con
signos de tortura en la madrugada del pasado jueves 14 de junio en la
calle Úrsulo Galván ubicada en el centro de la ciudad de Xalapa,
Veracruz. El periodista contaba con alrededor de 30 años de experiencia
cubriendo la fuente policíaca en el estado y era integrante del co
nsejo
editorial del sitio web www.reporterospoliciacos.mx.
Según los reportes oficiales que proporcionó el gobierno del estado en
conferencia de prensa, y por diversas fuentes, el periodista, quien
también trabajaba para Milenio El Portal de Vercruz, perteneciente al
grupo Milenio, fue interceptado por un comando armado de tres personas
que lo obligó a subir en una camioneta gris alrededor de las 23:30 horas
del 13 de junio.
Si bien las autoridades indicaron que fue implementado el operativo
Veracruz Seguro y cerraron las salidas de la ciudad, sólo lograron
localizar el cuerpo del periodista a las 5:00 horas de este jueves, y a
tan sólo 20 cuadras del centro de la ciudad. La Procuraduría General de
Justicia del Estado informó que abrió la investigación ministerial
715/2012, y la vocera del gobierno del Estado aseguró que se harían las
investigaciones pertinentes.
Sólo en la actual administración estatal, suman ya nueve los
periodistas asesinados, en la entidad. Además, hubo un ataque con
explosivos a un medio de comunicación y diversas agresiones graves como
allanamientos, amenazas y despidos injustificados posteriores a éstas.
Como consecuencia de amenazas e intimidaciones, más de media docena de
periodistas han tenido que salir del estado -uno de ellos solicitó asilo
en Estados Unidos- ante la falta de garantías para el resguardo de sus
vidas y el ejercicio de la libertad de expresión.
En los casos descritos, si bien hubo amenazas corroboradas previas a
varios crímenes, la falta de acción oportuna y eficaz de las autoridades
competentes impidió salvar esas vidas.
Al mismo tiempo, las investigaciones de lo casos no han arrojado ningún
resultado concluyente, con lo cual se ha propiciado la repetición de los
hechos delictivos y la indefensión de las víctimas, como se ha podido
constatar.
La situación que vive la prensa en el estado es crítica y se prevé que
las agresiones no cesarán mientras el gobierno de Veracruz continúe sin
dar una respuesta eficaz a los llamados urgentes que diversas
organizaciones nacionales como internacionales, el propio gremio
periodístico y la sociedad en general, le han reiterado sobre su
obligación de proteger y asegurar la integridad física de las y los
periodista, sin escatimar esfuerzos.
A principios de junio el gobierno del estado anunció el envío de un
proyecto de ley al Congreso estatal de una Comisión para la Atención y
Protección de los Periodistas en Veracruz. Independientemente del
destino de esta iniciativa, consideramos que el gobierno del estado
tiene una obligación ineludible de proporcionar garantías de seguridad a
todos sus habitantes, incluyendo naturalmente al gremio periodístico, y
no puede esperar a que esa Comisión sea operativa para cumplir con
dicha obligación.
Como establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el asesinato,
secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como
la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad
de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos
hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación
adecuada”.
En el marco de las obligaciones constitucionales del Estado mexicano,
solicitamos a las autoridades competentes:
Del gobierno del Estado de Veracruz:
Ofrecer garantías efectivas de seguridad para la vida, la libertad,
la integridad física y moral, y el ejercicio de la libertad de
expresión para periodistas y medios de comunicación.
Que ante las amenazas a la vida y a la libertad de expresión, el
gobierno del estado actúe en consecuencia y con la debida diligencia,
protegiendo a periodistas y medios de comunicación, y lo haga público.
Que el gobierno del estado de Veracruz y la Procuraduría General de
la República investiguen los casos de homicidios, desapariciones,
amenazas y agresiones de cualquier tipo a periodistas y medios de
comunicación, que de manera urgente identifique a los responsables y los
someta a la justicia.
Es indispensable que el gobierno transparente las investigaciones
sobre los crímenes de periodistas ocurridos en la entidad, para lo cual
debe de ofrecer, de manera inmediata, una explicación de los avances de
las indagatorias, y la actualice en un plazo no mayor a tres meses.
Del Gobierno Federal:
Una acción urgente, extraordinaria e inmediata para Veracruz a fin
de implementar medidas de protección para periodistas y que involucre a
la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y
la Policía Federal.
Apoyo institucional inmediato a la FEADLE para investigar los
crímenes en todo el país, y que ésta informe sobre el avance de sus
investigaciones con regularidad.
Firmas:
Internacionales: Artículo 19 (Oficina México y Centroamérica),
Association of Caribbean Media Workers (ACM, Trinidad y Tobago),
Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Medios de Información
(WAN-IFRA), Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Centro de
Periodismo e Investigación (CIPER, Chile), Centro Knight para el
Periodismo en las Américas (Rosental Calmon Alves), Comité para la
Protección de Periodistas (CPJ), Comité por la Libre Expresión (C-Libre,
Honduras), Dart Center for Journalism and Trauma (DART, Estados
Unidos), Freedom House (Oficina México), Federación de Periodistas de
América Latina y el Caribe (FEPALC), Federación Internacional de
Periodistas (FIP), Foro de Periodistas Paraguayos, Fundación Andina para
la Observación y Estudio de los Medios (Fundamedios, Ecuador),
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Fundación para la
Libertad de Prensa (FLIP, Colombia), International Center for
Journalists (ICFJ), OEA (Unidad de Derechos Humanos, Gobernabilidad y
Democracia),Reporteros sin Fronteras, Sociedad Interamericana de Prensa.
México: Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Asociación
Mexicana para el Derechos a la Información (AMEDI), Casa de los
Periodistas, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Centro de
Periodismo y Ética Pública (CEPET), Colegio de Comunicadores y
Periodistas de Chiapas (CCOPECH), Frente Nacional por la Libertad de
Expresión (Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada,
Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Delegación Sindical de
Radio Educación, Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Abogados de
la ANAD), Periodistas de a Pie.
Periodistas y medios de comunicación: Gerardo Albarrán de Alba
(Ombusman, MVS Radio), Carlos Fernando Chamorro (Director Confidencial y
Esta Semana, Nicaragua), Mónica González (Directora Ciper, Chile),
Gustavo Gorriti (Director IDL Reporteros, Perú), Gotson Pierre (Editor
agencia AlterPress, Haití), Ginna Morelo ( Editora El Meridiano,
Colombia), Martín Rodríguez Pellecer (Director Plaza Pública,
Guatemala), Fabio Posadas (Editor El País, Colombia), Revista
Contralínea, José Rubén Zamora (Director El Periódico, Guatemala)
sin vida del periodista Víctor Manuel Báez Chino, fue encontrado con
signos de tortura en la madrugada del pasado jueves 14 de junio en la
calle Úrsulo Galván ubicada en el centro de la ciudad de Xalapa,
Veracruz. El periodista contaba con alrededor de 30 años de experiencia
cubriendo la fuente policíaca en el estado y era integrante del co
nsejoeditorial del sitio web www.reporterospoliciacos.mx.
Según los reportes oficiales que proporcionó el gobierno del estado en
conferencia de prensa, y por diversas fuentes, el periodista, quien
también trabajaba para Milenio El Portal de Vercruz, perteneciente al
grupo Milenio, fue interceptado por un comando armado de tres personas
que lo obligó a subir en una camioneta gris alrededor de las 23:30 horas
del 13 de junio.
Si bien las autoridades indicaron que fue implementado el operativo
Veracruz Seguro y cerraron las salidas de la ciudad, sólo lograron
localizar el cuerpo del periodista a las 5:00 horas de este jueves, y a
tan sólo 20 cuadras del centro de la ciudad. La Procuraduría General de
Justicia del Estado informó que abrió la investigación ministerial
715/2012, y la vocera del gobierno del Estado aseguró que se harían las
investigaciones pertinentes.
Sólo en la actual administración estatal, suman ya nueve los
periodistas asesinados, en la entidad. Además, hubo un ataque con
explosivos a un medio de comunicación y diversas agresiones graves como
allanamientos, amenazas y despidos injustificados posteriores a éstas.
Como consecuencia de amenazas e intimidaciones, más de media docena de
periodistas han tenido que salir del estado -uno de ellos solicitó asilo
en Estados Unidos- ante la falta de garantías para el resguardo de sus
vidas y el ejercicio de la libertad de expresión.
En los casos descritos, si bien hubo amenazas corroboradas previas a
varios crímenes, la falta de acción oportuna y eficaz de las autoridades
competentes impidió salvar esas vidas.
Al mismo tiempo, las investigaciones de lo casos no han arrojado ningún
resultado concluyente, con lo cual se ha propiciado la repetición de los
hechos delictivos y la indefensión de las víctimas, como se ha podido
constatar.
La situación que vive la prensa en el estado es crítica y se prevé que
las agresiones no cesarán mientras el gobierno de Veracruz continúe sin
dar una respuesta eficaz a los llamados urgentes que diversas
organizaciones nacionales como internacionales, el propio gremio
periodístico y la sociedad en general, le han reiterado sobre su
obligación de proteger y asegurar la integridad física de las y los
periodista, sin escatimar esfuerzos.
A principios de junio el gobierno del estado anunció el envío de un
proyecto de ley al Congreso estatal de una Comisión para la Atención y
Protección de los Periodistas en Veracruz. Independientemente del
destino de esta iniciativa, consideramos que el gobierno del estado
tiene una obligación ineludible de proporcionar garantías de seguridad a
todos sus habitantes, incluyendo naturalmente al gremio periodístico, y
no puede esperar a que esa Comisión sea operativa para cumplir con
dicha obligación.
Como establece la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión
de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), “el asesinato,
secuestro, intimidación, amenaza a los comunicadores sociales, así como
la destrucción material de los medios de comunicación, viola los
derechos fundamentales de las personas y coarta severamente la libertad
de expresión. Es deber de los Estados prevenir e investigar estos
hechos, sancionar a sus autores y asegurar a las víctimas una reparación
adecuada”.
En el marco de las obligaciones constitucionales del Estado mexicano,
solicitamos a las autoridades competentes:
Del gobierno del Estado de Veracruz:
Ofrecer garantías efectivas de seguridad para la vida, la libertad,
la integridad física y moral, y el ejercicio de la libertad de
expresión para periodistas y medios de comunicación.
Que ante las amenazas a la vida y a la libertad de expresión, el
gobierno del estado actúe en consecuencia y con la debida diligencia,
protegiendo a periodistas y medios de comunicación, y lo haga público.
Que el gobierno del estado de Veracruz y la Procuraduría General de
la República investiguen los casos de homicidios, desapariciones,
amenazas y agresiones de cualquier tipo a periodistas y medios de
comunicación, que de manera urgente identifique a los responsables y los
someta a la justicia.
Es indispensable que el gobierno transparente las investigaciones
sobre los crímenes de periodistas ocurridos en la entidad, para lo cual
debe de ofrecer, de manera inmediata, una explicación de los avances de
las indagatorias, y la actualice en un plazo no mayor a tres meses.
Del Gobierno Federal:
Una acción urgente, extraordinaria e inmediata para Veracruz a fin
de implementar medidas de protección para periodistas y que involucre a
la Secretaría de Gobernación, la Procuraduría General de la República y
la Policía Federal.
Apoyo institucional inmediato a la FEADLE para investigar los
crímenes en todo el país, y que ésta informe sobre el avance de sus
investigaciones con regularidad.
Firmas:
Internacionales: Artículo 19 (Oficina México y Centroamérica),
Association of Caribbean Media Workers (ACM, Trinidad y Tobago),
Asociación Mundial de Periódicos y Editores de Medios de Información
(WAN-IFRA), Asociación Nacional de Periodistas del Perú (ANP), Centro de
Periodismo e Investigación (CIPER, Chile), Centro Knight para el
Periodismo en las Américas (Rosental Calmon Alves), Comité para la
Protección de Periodistas (CPJ), Comité por la Libre Expresión (C-Libre,
Honduras), Dart Center for Journalism and Trauma (DART, Estados
Unidos), Freedom House (Oficina México), Federación de Periodistas de
América Latina y el Caribe (FEPALC), Federación Internacional de
Periodistas (FIP), Foro de Periodistas Paraguayos, Fundación Andina para
la Observación y Estudio de los Medios (Fundamedios, Ecuador),
Fundación Nuevo Periodismo Iberoamericano (FNPI), Fundación para la
Libertad de Prensa (FLIP, Colombia), International Center for
Journalists (ICFJ), OEA (Unidad de Derechos Humanos, Gobernabilidad y
Democracia),Reporteros sin Fronteras, Sociedad Interamericana de Prensa.
México: Asociación Mundial de Radios Comunitarias (AMARC), Asociación
Mexicana para el Derechos a la Información (AMEDI), Casa de los
Periodistas, Centro Nacional de Comunicación Social (CENCOS), Centro de
Periodismo y Ética Pública (CEPET), Colegio de Comunicadores y
Periodistas de Chiapas (CCOPECH), Frente Nacional por la Libertad de
Expresión (Sindicato Independiente de Trabajadores de la Jornada,
Sindicato Nacional de Redactores de la Prensa, Delegación Sindical de
Radio Educación, Sindicato Único de Trabajadores de Notimex, Abogados de
la ANAD), Periodistas de a Pie.
Periodistas y medios de comunicación: Gerardo Albarrán de Alba
(Ombusman, MVS Radio), Carlos Fernando Chamorro (Director Confidencial y
Esta Semana, Nicaragua), Mónica González (Directora Ciper, Chile),
Gustavo Gorriti (Director IDL Reporteros, Perú), Gotson Pierre (Editor
agencia AlterPress, Haití), Ginna Morelo ( Editora El Meridiano,
Colombia), Martín Rodríguez Pellecer (Director Plaza Pública,
Guatemala), Fabio Posadas (Editor El País, Colombia), Revista
Contralínea, José Rubén Zamora (Director El Periódico, Guatemala)
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