Las agencias de seguridad de EEUU alertaron que, en México, los traficantes ya construyen fábricas de droga subterráneas. La mayoría de las galerías son financiadas con dinero del cártel de Sinaloa
Las autoridades encontraron más de 150 túneles construidos por los cárteles de la droga entre 1999 y 2011, a la vez que detectaron que el nivel de sofisticación fue en aumento. Incluso, algunas de las construcciones están valuadas en un millón de dólares y tienen aire acondicionado, piso de cementos, líneas telefónicas y equipos de videovigilancia.
Según destacan el Comando Norte del Departamento de Seguridad Interna y la Agencia Antidrogas de Estados Unidos, los narcotraficantes compraron o alquilaron propiedades cercanas a la frontera entre México y EEUU para construir los túneles y continuar con la fabricación y transporte de sustancias ilícitas.
Como para ambos organismos los túneles representan una amenaza para la seguridad estadounidense, un grupo de ingenieros de la Armada comenzó a realizar pruebas con nuevas tecnologías de fibra óptica y con prototipos de radares para detectarlos.
Actualmente, el Comando Norte junto con el cuerpo de ingenieros del Ejército de EU está trabajando en desarrollar una tecnología para la detección de túneles en la frontera. La agencia notificó que, este año, ya fueron encontrados 30 túneles, tanto terminados como en construcción.
De acuerdo con lo indicado por el diario mexicano El Universal, la mayoría de las galerías subterráneas son financiadas por el cártel de Sinaloa y son construidos por ingenieros y arquitectos profesionales.
"La longitud, el número y la sofisticación de los túneles, así como el tiempo y el trabajo que implican su construcción sugieren que los traficantes los consideran como una inversión útil, a pesar del riesgo de ser descubiertos o ser confiscados", indica un comunicado de la Oficina Nacional de Políticas de Control de Drogas de la Casa Blanca.
Por su parte, en Estados Unidos, la senadora demócrata Dianne Feinstein anunció que planea presentar un proyecto de ley contra los túneles para que la construcción o financiamiento de los pasadizos se considere como un delito de conspiración.
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