Los tres jueces de Chihuahua, Rafael Boudid, Catalina Ochoa y Nezahualcóyotl Zúñiga, acusados de liberar al presunto asesino de la hija de la activista Marisela Escobedo, no han descartado la posibilidad de pedir asilo político en Estados Unidos, luego de ser suspendidos de sus cargos.
Esto luego de denunciar que en Chihuahua hay un entorno hostil hacia ellos, sobre todo por parte del gobernador César Duarte.
En entrevista con Radio Fórmula, el abogado de los jueces, Maclovio Murillo, señaló sin embargo que sus clientes agotarán los medios de defensa que existen en el país, uno de ellos es el juicio de amparo.
Consideraron que al ofrecer este martes conferencia de prensa, quedaron claros a través de su versión aspectos del caso de la hija de Marisela Escobedo, que la opinión pública sólo conocía a través de medios.
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