El Partido de la Revolución Democrática exige la libertad inmediata de Lesly Karina Díaz Zamora, joven de 22 años encarcelada injustamente desde mayo de 2008 por el gobierno de Baja California y condenada hoy a purgar una pena de 23 años en prisión por el supuesto delito de homicidio en razón de parentesco.

Amparado en las reformas llevadas a cabo el 26 de diciembre de 2008 a la Constitución Política de Baja California, hechas con la intención de “proteger la vida desde la concepción”, el gobierno del panista José Guadalupe Osuna Millán ha emprendido una campaña de hostigamiento y de violación de los derechos elementales que toda mujer, entre ellos el de decidir sobre su cuerpo y a ejercer su libremente su sexualidad que no se puede permitir.

Tal es el caso de Lesly Karina Díaz Zamora, a quien en mayo de 2008 –seis meses antes de las reformas constitucionales- se le acusara de haberse practicado un aborto, aunque ella ha negado categóricamente tales señalamientos.

En descargo, ella ha declarado que se encontraba en su domicilio cuando repentinamente sintió ganas de evacuar, pero en lugar de ello le vino un sangrado que produjo la expulsión espontánea del producto fetal, que se golpeó la cabeza contra la porcelana del escusado, dichos que no fueron tomados en cuenta al momento de dictársele sentencia.

En la actualidad, 15 estados de la República, entre ellos todos los gobernados por Acción Nacional, han adoptado modificaciones a sus códigos penales que criminalizan a las mujeres por el simple hecho de estar embarazadas, lo que por sí mismo es un agravio que repudiamos enérgicamente.

Lo más grave es que, tal y como sucede desde hace meses en el estado de Guanajuato, han sido médicos del sector salud de Baja California los que están denunciando ante las autoridades judiciales a aquellas mujeres que se presentan ante ellos en el área de urgencia luego de haber presentado abortos espontáneos que ponen en riesgo su vida. El caso de Lesly no fue la excepción.

Por tanto, nuestro partido hace un enérgico llamamiento al gobierno del Estado de Baja California a poner un alto a la persecución en contra de las mujeres de la entidad que recientemente han sido acusadas por la Procuraduría de Justicia de homicidio agravado en relación por parentesco, quienes han sido condenadas a purgar sentencias en penales del estado a pesar de haberse comprobado la inexistencia del supuesto delito, al tratarse de abortos espontáneos.

Exigimos al gobernador del estado de Baja California, José Guadalupe Osuna Millán, derogar el artículo 7 de la Constitución Política de la entidad por ser violatorio de los derechos humanos de las mujeres, a quienes con disposiciones jurídicas retrógradas se les cataloga como asesinas y delincuentes que ni siquiera los narcotraficantes reciben durante sus procesos.

El Partido de la Revolución Democrática no está dispuesto a permitir que, como sucedió en su momento en el emblemático “Caso Paulina”, una vez más la injusticia impere sobre los derechos de los seres humanos, ni tampoco a permitir los intentos del gobierno panista en Baja California de criminalizar el derecho que tienen todas las mujeres a ejercer con libertad sus derechos sexuales y reproductivos.


A T E N T A M E N T E
Hortensia Aragón Castillo
Secretaria General
Partido de la Revolución Democrática
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